Francisco Paredes

Toluca, Edomex, a 7 de mayo de 2017.- México es considerado el país de América Latina con el índice más alto de violencia sexual contra mujeres, con un promedio de 13 mil casos denunciados cada año desde 2012 a la fecha; sin embargo, la cifra negra en este delito asciende hasta un 95 por ciento, según cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En el estado de México, entidad que concentra el 14 por ciento de la población nacional, tan solo en los primeros tres meses de 2017 se han registrado 392 delitos sexuales y 463 violaciones, según cifras presentadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que representa el 15 por ciento de las agresiones hacia mujeres cometidas en todo el país .

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OPS han emitido recomendaciones al gobierno mexicano debido al aumento registrado en los últimos años en este tipo de delitos.

En este sentido, el promedio de violaciones cometidas en los primeros noventa días de 2017,  solo en territorio mexiquense, es de cinco casos diarios; es decir cada cuatro horas ocurrió un ataque sexual; al igual que en los últimos cinco años, en los que el promedio es de seis hechos diarios, lo que suma un total 10 mil 790 violaciones.

Ecatepec es el sitio donde más violaciones ocurrieron en 2016 con 294casos, seguido de Toluca,  con 126, Chimalhuacán con 107,  y Cuautitlán Izcalli con 104.

En  2017 la situación no ha variado muchos, pues Ecatepec sigue en  primer lugar con 62 violaciones cometidas en los primeros 90 días del año, seguido ahora por  Naucalpan, con 27 casos y Nezahualcóyotl con 24 ataques.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVS), reconoció que los sistemas de atención para los delitos sexuales no han sido los adecuados, debido a factores como la re victimización, discriminación, entre otros.

“Existen niveles importantes de impunidad de los delitos de carácter sexual, resultado de diversas causas, entre las que se encuentran la cultura que culpabiliza a las víctimas, que mira como normales conductas como el lenocinio, el acoso y el hostigamiento sexual, la discriminación hacia determinados grupos vulnerables — niños(as), migrantes, indígenas, ancianos(as), personas con discapacidades físicas o mentales, LGTB y/o en prisión—, la desconfianza de las víctimas hacia los(as) operadores del sistema de justicia penal, la inacción de las autoridades ante las denuncias de carácter sexual, el maltrato de algunas autoridades a las víctimas y, otra vez, el desconocimiento de los(as) operadores(as) del sistema de justicia penal”.