La alta y ascendente incidencia delictiva parece perder la atención de las autoridades en la medida que no representa una afectación directa a sus intereses, o incluso, a su entorno más inmediato. La semana pasada, un par de ejecuciones cimbraron a la élite política con el acribillamiento de un juez federal y de un regidor del municipio sureño de Sultepec, que exhibieron la alta vulnerabilidad de una clase gobernante, a veces absorta con el poder político.

Cuando la delincuencia trastoca la tranquilidad de la clase política, la atención mediática y la opinión pública dimensiona con mayor agudeza los actos criminales. Los asesinatos registrados la semana pasada, no son parte de la delincuencia común, en tanto que su ocurrencia se vinculan con las actividades profesionales de las víctimas, pero particularmente ponen de manifiesto el alto grado de fragilidad de las instituciones y de las personas que los representan.

El Estado de México no sólo es una de las entidades con una elevada estadística de homicidios dolosos -lo cual se atribuye a su densidad poblacional-, sino además, en los últimos 18 meses se ha caracterizado como una entidad en que el crimen organizado ha asesado ataques arteros a sus políticos, donde lo mismo se reportan asesinatos contra jueces que en agravio de directores municipales, regidores, candidatos a cargos de elección popular y alcaldes.

La salida más sencilla que han hallado las autoridades estatales para justificar los crímenes que laceran a la élite política, es el eventual involucramiento de las autoridades en conductas anómalas, ilícitas e irregulares.

Sin embargo, los sistemas de inteligencia deben otorgar respuestas sobre porqué advierten esas conductas inusuales de la élite política hasta el momento en que son víctimas del crimen. En resumen, en caso de confirmar sus líneas de investigación acerca de que la clase gobernante es víctima de sus propias conductas, pondría de manifiesto un palmo de omisión por no actuar de forma preventiva y desarrollar tareas reactivas de combate a la delincuencia.

La delincuencia no es un tema que se solucione con la militarización de las calles como fallidamente se ha intentado y extendido legitimar una estrategia por más de una década. Semana a semana, y con el arropo de secretarios de Estado, Eruviel Ávila presume de una mayor presencia de las fuerzas castrenses, frente a la incapacidad que muestran sus policías preventivas.

En el combate a la delincuencia, la acción tampoco puede limitarse a tener una vigilancia de 10 mil videocámaras, más patrullas y más policías, porque tales tareas sólo permiten generar una mayor eficacia de las acciones reactivas, pero poco se fomenta o invierte por reconstruir un tejido social, que se encuentra fracturado ante las limitadas oportunidades que ofrece el Estado en materia de educación, empleo, salud, recreación, convivencia e inclusión social.

Pero el Estado de México ha sido incapaz de sanear a sus instituciones de seguridad, ya sea porque las policías preventivas estatales las dirigen las mismas personas desde hace tres sexenios, pese a que existen acusaciones en su contra vinculadas con actos de corrupción, o bien, porque los mandos superiores obedecen más a razones políticas que a ser expertos en la materia.

El crimen ha lacerado a la élite gobernante, pero todo apunta a resolver la crisis inmediata, hacer un eficaz control de daños y pretender una solución a la coyuntura política que afronta como un nuevo desafío, pero sin tomar decisiones de fondo, para que al final del clivaje, todo siga igual.