El sistema penitenciario en el Estado de México padece desde hace al menos tres décadas una de las peores crisis institucionales, como corolario de la omisión y la negligencia con la que han actuado las autoridades estatales para dar respuestas con el propósito de garantizar el proceso de readaptación social de más de 25 mil internos que se encuentran recluidos en las cárceles mexiquenses.

Desde hace al menos veinte años, los centros penitenciarios comenzaron a sufrir de un hacinamiento indeseable que lacera los derechos humanos de los internos, quienes conviven sin distinción alguna entre procesados y sentenciados, en condiciones que imposibilitan cualquier posibilidad de reinserción social.

Los internos relatan condiciones inaceptables desde el momento en que son obligados a dormir cerca de 30 presos en celdas que fueron diseñadas para 10 personas. Esa misma situación se replica en sus actividades diarias, que incluye comer, bañar, recrear y recibir la visita de familiares, en medio de una sobrepoblación que recrudece sus conductas delictivas.

El amotinamiento registrado la semana pasada en la cárcel de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, ha evidenciado mediante diversos testimonios expuestos en la opinión pública, las circunstancias inaceptables que determinan la estancia de los presos en los penales de la entidad.

Un sistema penitenciario inundado por la corrupción, en donde proliferan los privilegios entre internos, mediante la práctica de actividades criminales, que parten desde la extorsión telefónica ejecutada desde el interior de las cárceles, hasta la venta de drogas al menudeo para consumo de los reclusos, todo bajo la connivencia de las autoridades penitenciarias que se encuentran absolutamente rebasadas en la gobernabilidad carcelaria.

El motín ocurrido en Barrientos, no es ni por asomo un caso aislado, sino que responde a años de abandono y desinterés de los responsables de instrumentar políticas públicas que garanticen la tarea del Estado, por readaptar socialmente a quienes incurren en actividades criminales. Sin embargo, más allá de los lugares comunes que estipulan a las cárceles como escuelas del delito, queda de manifiesto que no existen bases para cumplir con los objetivos de reinserción.

Hasta ahora, las autoridades mexiquenses han dispuesto de respuestas cortoplacistas mediante el traslado de reos a otras cárceles, lo que no resuelve el problema de raíz, sino que sólo reubica el caos a un penal distinto.

En el mediano plazo, ha comprometido la apertura de al menos dos cárceles estatales, las cuales debieron ser inauguradas hace una década, pero cuya población ya se encuentra dispuesta en otros centros de reclusión que serán cerrados a la brevedad, y que en esencia no solucionará el hacinamiento carcelario que es la base de la problemática penitenciaria.

A pesar de los operativos constantes por evitar los privilegios entre los presos y combatir la ocurrencia delictiva al interior de las cárceles, lo que prolifera es una rampante corrupción que arropa en los penales mexiquenses la ocurrencia de actividades criminales, sin que exista para eso una panacea eficaz, que incluya un castigo severo no sólo para los internos que cometen delitos sino para las autoridades carcelarias que lo han permitido y se han beneficiado de esa corrupción, y son parte de un mismo padecimiento: la impunidad.