La batalla está ganada. Este martes, la Legislatura de Estado de México aprobará, tras una larga espera, la legalización de matrimonios entre personas del mismo sexo, en una histórica exigencia por parte de grupos homosexuales que no gozan de los mismos derechos humanos, quienes padecen de una marginación inaceptable para la calidad de democracia de la que se presume.
En sociedades de avanzada, la igualdad representa una condición necesaria para garantizar la inclusión social de todos los sectores. En esta circunstancia, está claro que la decisión de los legisladores mexiquenses para pronunciarse a favor de legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo obedece a una jurisprudencia emitida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual han implantado una táctica dilatoria para evitar costos políticos.
En resumen, la determinación de que el Estado de México se consolide entre las legislaciones progresistas en el país, tiene su punto de encuentro en cumplir con las resoluciones del Poder Judicial, por encima de foros realizados al vapor en universidades públicas, de consultas emergentes desarrolladas en redes sociales, o a un cambio de postura en las ataduras ideológicas que han caracterizado a la clase gobernante que se opusieron a dichas uniones homosexuales durante al menos los últimos tres sexenios.
Antes de modificar el código civil para posibilitar la unión legal entre personas del mismo sexo, los legisladores pudieron cambiar las reglas del divorcio para permitir que un gobernador en turno pudiera casarse de nueva cuenta de un día para otro, y eliminar la restricción de hasta un año que preveían las normas. Entonces se demostró que las leyes tenían fecha de caducidad en función de las necesidades de la clase gobernante, propenso a imponer sus intereses particulares sobre las necesidades de un sector social mucho más amplio.
El guiño que ahora, tanto el presidente Enrique Peña Nieto como el gobernador Eruviel Ávila Villegas, pretenden lanzar a las organizaciones de homosexuales parece un lucro político en medio de una obligación legal que deben acatar con prontitud y sin rebatingas, aún más cuando falta un año para la elección de gobernador en la tierra del padrón electoral más numeroso del país.
En esa misma estrategia por acompasar sus intereses políticos, la derecha mexiquense se ha aliado con grupos religiosos para arengar su rechazo a los derechos elementales de personas homosexuales, como lo significa la posibilidad de legalizar sus uniones civiles y abrir la oportunidad de adoptar. En su posición ideológica se distinguen rasgos de intolerancia y segregación para quienes forman parte de la misma sociedad a la que dicen servir con igualdad.
El mérito de esta lucha transita por un amplio recorrido legal y social, apartado de lo político, que siempre prefiere apegar su toma de decisiones al lucro electoral. En un hecho inédito, las parejas de personas del mismo sexo podrán legalizar sus uniones civiles, que hasta ahora carecen de reconocimiento jurídico en el Estado de México, proclive a presumir diversos indicadores de avanzada pero que en relación a grupos vulnerables mantiene una consigna pendiente.
Para favorecer a los grupos vulnerables, debió imponerse la razón legal del Poder Judicial, que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó garantizar las uniones civiles de homosexuales en todo el país, y ajustar las leyes en los estados que tuvieran esa prohibición. La batalla, al fin, está ganada.
