Toluca, Edomex. 20 de mayo de 2016.- Interesante resulta la propuesta de Eruviel Ávila por reemplazar la actual Procuraduría General de Justicia por una Fiscalía Autónoma, aunque parece insuficiente que dicha reforma pueda revertir las debilidades institucionales que enfrenta la procuración de justicia. La actuación sistemática de policías ministeriales y ministerios públicos tiene estigmas de violación a los derechos humanos, prevalencia de impunidad y una deficiencia en el desarrollo pleno de sus responsabilidades.

El cambio de nombre parece exiguo, insignificante y escaso. Ahí está el caso de la Policía Estatal, que ha transitado de Dirección de Seguridad Pública, a Agencia de Seguridad Estatal, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Comisión Estatal de Seguridad en menos de una década pero con el mismo desastre estructural. Una policía plagada de corrupción, ineficacia, omisión y negligencia en las tareas vinculadas a la inhibición del delito, prevención de la violencia y combate al crimen. Cuatro nombres distintos, con los mismos procesos las mismas personas, y un corolario deplorable.

Por lo mismo, el cambio de nombre de la Procuraduría de Justicia se debe asumir con absoluto escepticismo. Alfredo Castillo, Contreras Nieto y Alejandro Gómez han transitado por la institución en los últimos cinco años sin un ápice de eficacia. Hoy la procuración de justicia no es un tema que Eruviel pueda presumir, y se nota en su bajísima proyección mediática. Por el contrario, hoy ahí se concentran escándalos de abuso de autoridad y daño institucional en casos como Tlatlaya y la tortura exhibida a través de redes sociales.

El anuncio eruvielista suena más a recorrer la misma ruta de Peña Nieto, de transformar la PGR en Fiscalía, que a un verdadero y genuino interés por construir una Fiscalía Estatal de cambios significativos. Ávila desde hace cuatro años abandonó su agenda propia, y decidió ser una réplica del peñismo desde el Estado de México. En esa imagen se entiende su interés por anunciar el cambio en la Procuraduría.

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Más allá de las tropelías personales de Emir Garduño Montalvo, mejor conocido como #LordRollsRoyce, debe haber algo más de fondo para haber transformado un escándalo vial en la noticia cotidiana de López Doriga en el horario estelar de Televisa. El sospechosismo crece cuando el golpe mediático y sistemático sobre Emir tiene implicaciones políticas muy claras, particularmente con su hermano Jair, actual regidor de Metepec, cercanísimo al exgobernador y coordinador del rebaño priísta en San Lázaro, César Camacho Quiroz.

Otro factor de interés público, son los favores políticos y empresariales que habría recibido Emir directamente de Alfredo Castillo, actual titular de la Conade y excomisionado en Michoacán. Alfredo representa al grupo de juristas más cercano a Peña Nieto, junto con Humberto Castillejos, opositores de Arely Gómez, actual titular de la PGR y hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa. Una Fiscalía parece estar en juego, pero esa a nivel federal, y con muy poca autonomía en la batalla mediática que se libra noche a noche.

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