La elección de gobernador en el Estado de México podría realizarse con una nueva demarcación distrital, lo que obligaría a una nueva ingeniería en el diseño electoral del año entrante tanto para el Instituto Electoral Estatal como para los partidos políticos con posibilidad de contender en los comicios del año entrante.
Aun cuando en 2017 se desarrollará sólo la elección del Titular del Ejecutivo estatal, de confirmarse la elaboración de una nueva demarcación distrital, el Estado de México actualizará un diseño anquilosado que otorga mayor peso a los votos por su extensión geográfica por encima de su densidad poblacional.
Los efectos de esa redefinición electoral serán más tangibles en la elección de 2018, cuando se realice la elección presidencial. Para efectos prácticos, el Estado de México pasará de contar con 40 a 41 distritos electorales federales. Esto implica que el peso político de la clase política mexiquense en San Lázaro, se seguirá imponiendo en razón del padrón electoral más numeroso del país.
Aunque en el ámbito local permanecerán los 45 distritos, el mayor ajuste se realizará en darle el mismo peso electoral a todos los distritos, con base en el crecimiento poblacional de zonas urbanas como Tecámac, Coacalco y Chalco, mientras que en Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca y Neza, la cantidad de distritos podría aumentar en función de su potencial en el número de votantes.
La medida tendrá consecuencias inmediatas. De acuerdo a las estimaciones de la oposición, quien más pierde es el partido en el poder, en tanto que se reducirá el número de distritos electorales de las zonas rurales, para ajustarse a la densidad poblacional reemplazando los criterios de extensión geográfica que permanecen en la actualidad, y que dado el clientelismo electoral que ejerce el priísmo mexiquense en zonas rurales, le ha beneficiado sistemáticamente.
Es muy probable, que derivado de la nueva demarcación se eleve la competencia electoral a nivel distrital. Lo anterior supondría una recomposición de la legislatura del Estado de México, en que el priísmo mexiquense pierda de vista le hegemonía electoral que impone no sólo en las urnas sino además en la toma de decisiones del poder legislativo. La redemarcación debería superar cualquier asunto impuesto en la agenda pública, por lo que necesita del empuje necesario para su ejecución a manos del Instituto Nacional Electoral.
La fecha límite se vincula con la proximidad del arranque del proceso comicial para la renovación de gobernador. Por tanto, deberá ser antes del mes de agosto, cuando las autoridades electorales se avoquen en la realización de una nueva demarcación electoral, alejado de criterios partidistas y reduciendo márgenes de sobrerrepresentación para los futuros legisladores.
En la medida que se trate de un trabajo serio y responsable, el electorado puede tener absoluta confianza en que se trata de un diseño electoral que se ajusta a los nuevos procesos democráticos y a las circunstancias poblacionales, que han modificado por tiempo y espacio, y exigen un nuevo planteamiento comicial.
El Instituto Electoral tiene la oportunidad de ejercer su autonomía sin ceder a las presiones políticas de quien se opone a la redemarcación, para mantener la representatividad electoral actual a conveniencia individual o de grupo.
