Esta semana se cumplen 10 años de la reyerta entre elementos de la Policía Estatal y ejidatarios de San Salvador Atenco, que manchó para siempre el mandato del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, estigmatizado en un acto de represión social y de un abuso de autoridad inocultable, que a la fecha ha sido imposible cicatrizar por el gobierno que encabeza Eruviel Ávila Villegas.
Aún más, el actual mandatario mexiquense ha dado muestras indelebles de su proclividad por criminalizar la protesta social. Ahí está la Ley Atenco, que deriva precisamente de na recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para establecer protocolos de actuación de las policías preventivas frente a manifestaciones sociales, pero que en el papel ha resultado una severa amenaza para dejar en la discrecionalidad la catalogación de riesgo sobre una protesta.
En la práctica, Xochicuautla ha sido testigo de un problema sin resolver, en donde los cuerpos de seguridad privilegian los intereses particulares sobre los comunitarios, para amedrentar, reprimir y criminalizar a quienes se oponen a las actuaciones que consideran un abuso de autoridad.
El gobernador Eruviel Ávila, del rostro afable y conducta amigable en redes sociales, tiene una cara oculta enmarcada por una policía preventiva que viola sistemáticamente los derechos humanos. Ese mismo gobernador que interactúa con cibernautas en plena reunión de gabinete trasmitida por Facebook Mentions, pero en la práctica es incapaz de dialogar con los grupos sociales que rechazan sus grandes obras por lastimar su entorno o por destruir su único patrimonio.
A diez años de distancia, las protestas sociales incomodan a la clase gobernante en turno, la misma que hace una década encarceló a líderes sociales, en calidad de presos políticos que no pudo retener más que cuatro años. Esa misma élite política que hoy despacha desde Los Pinos, pero que en el gobierno de Eruviel Ávila repite sus esquemas de control social.
En el Estado de México, la libre asociación parece una amenaza permanente para el status quo de las autoridades. Hasta la fecha, no se ha logrado subsanar el establecimiento de protocolos que garanticen el respeto a los derechos humanos de quienes aquí protestan. En pleno siglo XXI, el monopolio de la seguridad en manos del Estado es una herramienta para criminalizar a quien piensa diferente.
El PRI ha retornado a sus peores prácticas, aunque en realidad nunca las abandonó y sólo las guardó en el armario para usarlas cuando fuese necesario. Sin embargo, en el espectro mediático que hoy inunda el periodismo digital, los gobiernos han entrado en una mayor vigilancia sobre sus acciones y conductas, y ha transparentado y visibilizado la violación a derechos humanos elementales.
Eruviel Ávila tiene el reto por enderezar la tarea de su gobierno para abrir el diálogo social con quienes piensan diferente. Por hacer de la inclusión social una práctica común y no sólo un discurso ambiguo, para encontrar las coincidencias y privilegiar los consensos entre gobierno y sociedad.
Atenco y Xochicuautla son enclaves para el éxito de su capacidad como gobernante, o pueden representar la punta del Iceberg para demostrar que es parte de la misma clase gobernante, la que sobrepasa el uso de la fuerza pública por imponer sus intereses particulares, y sólo hace uso de las redes sociales como una piel de oveja que encubre a un lobo que actúa igual que sus antecesores, para criminalizar a quienes protestan en las calles.
