Redacción
Ciudad de México. 18 de abril de 2016.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció este lunes que promoverá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad, en contra de la denominada Ley Atenco, por considerar que diversos artículos de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, vulnera algunas garantías como la restricción a los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión, entre otros.
En un comunicado de medios, la CNDH reconoció la necesidad de regular el uso de la fuerza pública por parte del Estado, tras detallar que si bien es cierto, ésta sirve para garantizar la sana convivencia y respeto entre las personas, también lo es, que debe garantizar la protección más amplia del ejercicio de los derechos humanos de todos.
Luego de la publicación de la llamada Ley Atenco el pasado 18 de marzo en el Periódico Oficial del Estado de México, la Comisión Nacional se dio a la tarea de realizar un análisis integral de la misma, contrastándolo con la Constitución y con los instrumentos internacionales que sobre la materia existen.
El organismo nacional de los derechos humanos detectó algunas posibles inconstitucionalidades; cuyos elementos fueron coincidentes con los argumentos planteados en las solicitudes de promoción de acción de inconstitucionalidad que presentaron ante la CNDH diversos organismos políticos y organizaciones no gubernamentales.
Entre los argumentos de inconstitucionalidad que advierte la CNDH se encuentra la restricción a los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión, entre otros.
Además, la CNDH recibió la solicitud del Ejecutivo y del Congreso del Estado de México para revisar dicha ley, no estando ajenos a que también interpusieron una acción de inconstitucionalidad.
En el mismo comunicado, el organismo nacional informó que trabajó en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con la cual existió coincidencia en el tratamiento de las temáticas.
La comisión estatal ya había adelantado que al menos 8 artículos de este nuevo ordenamiento debían ser reformados para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos.
Hoy la CNDH afirmó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien como último y máximo intérprete de la Constitución, decidirá sobre la validez de la norma impugnada o sobre su interpretación.
Será con la definición que realice el Supremo Tribunal como existirá certeza jurídica, tanto para los elementos de las instituciones de seguridad encargados de aplicar la Ley, como para las personas que de manera libre ejerzan sus derechos humanos.
La semana pasada, la Corte admitió dar tramite a la acción de anticonstitucionalidad que promovió el Congreso del estado, a fin de que la ley fuera revisada por los magistrados del máximo tribunal del país.
