Toluca, Edomex. 14 de abril de 2016.- Después de haber vivido una etapa de auge cuando fungió como presidente de la Conago, el gobernador Eruviel Ávila Villegas vive uno de sus periodos políticamente más aciagos. Simplemente ha comenzado a acumular el desgaste político del ejercicio del poder, pero también ha iniciado a pagar el costo de decisiones insalvables. El ecatepense ha entrado en el declive de su empoderamiento, en el proceso natural de sucesión por la gubernatura mexiquense.

El caso OHL, la matanza en Tlatlaya, la Ley Atenco y la carretera en Xochicuautla son sólo pinceladas de lo que Eruviel enfrenta en el escándalo mediático. Entre el círculo cercano de Ávila, tratan de minimizar el tema bajo la justificación de que se trata de fuego amigo. No son pocos en el gobierno mexiquense que achacan la andanada antieruvielista por la candidatura presidencial. Otros más ven un tufo sucesorio de ataques entre aspirantes. El peor enemigo de un priísta es otro priísta, dice parte de un decálogo partidista.

La corrupción de OHL es un tema heredado. El mismo Apolinar Mena lo confesó cuando lo acusaron de viajar a Cancún para favorecer a la constructora. La matanza de Tlatlaya fue a manos del Ejército, donde el grave error de Eruviel fue un intento por encubrir. Y la carretera de Xochicuautla también es una herencia de una licitación peñista a favor de Higa. Lo cierto es que en este último caso el manejo político ha carecido de toda sensibilidad política.

A propósito de asuntos heredados, cuando se ha puesto en cuestión el patrimonio de Enrique Peña, Angélica Rivera y Luis Videgaray, sería interesante conocer la riqueza patrimonial de Gerardo Ruiz Esparza, el verdadero licitador carretero a favor de OHL y Grupo Higa, tanto en la gubernatura como en la presidencia peñista. Ruiz Esparza, delmacista indiscutible, fue quien le abrió la puerta a las empresas que hoy enfrentan altos cuestionamientos de la opinión pública.

En general, las pinceladas en contra de Eruviel tienen repercusiones tangibles. OHL y Grupo Higa encierran un denominador común acusadas de corrupción, evasión fiscal y conflicto de interés. La clase gobernante, particularmente la que despacha desde Los Pinos, encierra una caja de pandora cuando se pretende explorar los expedientes de ambas empresas. OHL y Grupo Higa saltaron a la fama empresarial de la mano de Peña, primero como gobernador y después a nivel federal, cuando se volvió presidente.

En tanto, Tlatlaya, Atenco y Xochicuautla representan una sistemática violación a los derechos humanos. El Estado carece de una policía que sea capaz de prevenir el delito o combatir el crimen. El gobierno sigue viendo en las policías preventivas, un monopolio de la seguridad pública propicio para la represión de la protesta social. Ahí es donde debería trabajar la Ley Atenco, en la defensa permanente y el reconocimiento profundo de los derechos humanos. Sin embargo, Eruviel y los suyos caminaron a la inversa. Lamentable.

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