Redacción
Ciudad de México. 1 de abril de 2016.- A pesar de que la Procuraduría de Justicia Militar resolvió exonerar a seis militares involucrados con la matanza de Tlaltaya y sólo sentenciar a uno con un año de prisión, la Procuraduría General de la República mantiene vigente una averiguación previa, donde investiga la comisión de violaciones graves a los derechos humanos.
En tanto, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), ejerció acción penal contra siete militares, tres por el delito de homicidio en agravio de nueve personas y cuatro por diversos ilícitos, los cuales se encuentran a disposición del juez cuarto de distrito en materia penal con sede en Toluca, Estado de México.
Esta acusación fue integrada en su totalidad por agentes del Ministerio Público Militar y con base en los peritajes e indagatorias realizadas por autoridades castrenses, se integró el expediente.
El caso Tlatlaya se desprende de un operativo militar desarrollado el pasado 30 de junio de 2014, hechos en los que resultaron muertos 22 presuntos delincuentes que se encontraban al interior de una bodega en San Pedro Limón.
Inicialmente, la versión oficial de las fuerzas castrenses informó que se trató de un enfrentamiento en el que un grupo de militares abatió a presuntos secuestradores para repeler una agresión.
Como resultado de diversos peritajes y versiones de algunos sobrevivientes, se determinó que los militares realizaron ejecuciones extrajudiciales en agravio de 12 civiles, quienes ya se habían rendido pero aun así fueron asesinados.
Derivado de la Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR mantiene una investigación abierta por violaciones graves a derechos humanos en contra de los siete militares.
