Redacción
Toluca, Edomex. 29 de marzo de 2016.- Como parte de las acciones por combatir la denominada Ley Atenco, alrededor de 100 mil habitantes del Estado de México pertenecientes a diversas organizaciones sociales defensoras de derechos humanos promoverán alrededor de 100 mil juicios de amparo individuales ante el Poder Judicial de la Federación contra dicha legislación, aprobada el pasado 17 de marzo por la legislatura mexiquense.
De acuerdo al portal de noticias Sin Embargo, las organizaciones sociales solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con el objetivo de que promueva una acción de inconstitucionalidad, lo que obligará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a una revisión respecto de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, y la eventual violación de garantías individuales.
Con la aprobación de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México se permite el uso “cuando sea estrictamente inevitable” de armas letales, y cuando el elemento considere que el tipo de resistencia civil lo amerita, lo que muchos sectores sociales han advertido como un riesgo que posibilitaría una sistemática represión de la protesta social.
José Antonio Lara Duque, abogado y coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), expuso que diversas organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador de Atenco, San Francisco Xochicuautla y Coyotepec, conformaron el frente El Fuego de la Digna Resistencia, quienes ya preparan diversas acciones de carácter legal y social para evitar la aplicación de una ley, que en su perspectiva atenta contra el ejercicio pleno de los derechos humano.
“De todos los pueblos y organizaciones que aquí se encuentra, representan a 100 mil habitantes del Estado de México, más o menos. La intención es que en un día y hora determinada, todos estos habitantes van a acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en los juzgados de distrito de Nezahualcóyotl, Naucalpan y de la ciudad de Toluca, de forma simultánea a interponer juicio de amparo, porque desde nuestro punto de vista: de forma muy sistemática, esta Ley viola el derecho a la vida, el derecho a la libertad, derecho a la manifestación y derecho de expresión”, afirmó Lara Duque.
Entre los argumentos que presentarán los inconformes es que la llamada Ley Atenco es una herramienta que legaliza las ejecuciones extrajudiciales y quita responsabilidad a los altos mandos, tanto del Gobierno del Estado de México como de las corporaciones policiacas.
Las organizaciones sociales participantes advirtieron que la Ley Atenco tiene como objetivo atacar a los movimientos que se oponen a las megaobras, como es el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) o la carretera Toluca – Naucalpan que construye el Grupo Higa, así como los proyectos que atentan y deterioran otros recursos naturales.
Confiaron en que a través de una resistencia civil pacífica podrán evitar la aplicación de la Ley Atenco, sin que exista violencia de por medio, sino la argumentación jurídica de que es una legislación que viola diversos derechos humanos.
