Toluca, Edomex. 26 de febrero de 2016.- Nuevamente Arne aus den Ruthen exhibió a la élite mexiquense. Ahora no fue alguien de la clase empresarial, sino de la clase gobernante. Un par de camionetas estacionadas, que bloqueaban rampas de personas con discapacidad, ambas asignadas a Francisco Guzmán, Jefe de la Oficina del Presidente de la República. El mexiquense se encontraba en el gimnasio mientras los vehículos esperaban la salida de su jefe para transitar hacia Los Pinos. El video quedó exhibido y se viralizó en redes sociales.
En principio, Guzmán negó ante el funcionario de la Delegación Miguel Hidalgo, que las camionetas fueran suyas. Más tarde, cuando el alto servidor público se dio cuenta de que había sido expuesto en redes sociales, prefirió reconocer su error y ofrecer una disculpa.
Por otra parte, se pudo conocer que el escolta de la familia Libién que agredió la semana pasada al City Manager de la Delegación Miguel Hidalgo podrá salir bajo fianza. De entrada, Javier Medina Calleja había sido acusado de ultrajes contra la autoridad y robo agravado en pandilla, y fue consignado ante la autoridad penal. En la información más reciente, los abogados de Libién consiguieron que el delito se reclasificara como robo simple y ultrajes, considerado no grave.
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Han pasado nueve meses de la elección intermedia, en la cual el PRD mexiquense acusó una campaña apócrifa para desacreditar su imagen pública, y fue hasta ayer jueves cuando la Sala Regional del Tribunal del Electoral resolvió la impugnación para tratar de sancionar los actos que agraviaron al perredismo. En general, fue una decena de espectaculares que aparecieron a lo largo y ancho de la entidad, que usaban la imagen que el PRD dispuso, y en la que dejaban de manifiesto o cuestionaban los resultados de los gobiernos perredistas.
En la resolución del órgano jurisdiccional se determinó que las sanciones atribuidas al Gobierno de Estado de México y al PRI son inexistentes. Es decir, el tribunal electoral no encontró elementos suficientes para responsabilizar a gobierno y al partido tricolor, y los exoneró de toda culpabilidad. La única sanción impuesta es una amonestación pública en contra de las empresas responsables de la administración de los espectaculares, por considerar que la gravedad de las faltas es “levísima”, sin ser dolosas o sistemáticas.
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Héctor Ulises Castro Gonzaga fue inscrito el año pasado como candidato a diputado plurinominal del PRI. A pesar de ocupar el primer lugar de la lista de “pluris” no logró ingresar a la legislatura. El exlíder del magisterio mexiquense simplemente no pudo sumarse a ese clientelismo sindical, que premia la lealtad partidista mediante diputaciones o alcaldías. A lo largo de la historia, el sindicato de maestros estatal ha sido un gran semillero de votos a favor del PRI, a cambio de que sus liderazgos han ido ganando espacios en el espectro electoral, como una componenda incesante por fortalecer a un sindicato clientelar.
Ahora, el colmo ha alcanzado su máxima expresión en el gobierno eruvielista, luego de determinar que Castro Gonzaga fue designado como director general de Educación Media Superior. El exlíder magisterial, ahora es responsable de las políticas públicas de la educación preparatoria, a pesar de su inexperiencia en el ramo, sólo se premia su lealtad partidista, y su colaboracionismo como dirigente del sindicato que alberga los intereses de 90 mil profesores en la entidad.
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