Toluca, Edomex. 22 de enero de 2016.- Uno de los grandes desafíos que enfrentarán las policías municipales en los próximos meses será la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que según las autoridades federales, deberá ejecutarse a más tardar el 30 de junio entrante. En ese periodo, será una obligación capacitar a casi 18 mil agentes municipales, que deberán conocer aspectos legales, técnicos y operativos, frente a responsabilidades que implementarán con la reforma en materia penal que los faculta en la realización de peritajes y tareas hasta hoy exclusivas del Ministerio Público.
A pesar de que muchos de esos cursos serán otorgados por la Comisión Estatal de Seguridad, la capacitación de cada elemento municipal tendrá un costo promedio de mil pesos. En el plazo restante, que se reduce a casi cinco meses, se establece que mensualmente se deberán capacitar más de 6 mil policías, suponiendo que para estas fechas, los más de 13 mil policías estatales ya hayan recibido el adiestramiento correspondiente. El tiempo juega en contra de las corporaciones de seguridad locales.
Aún más. Las policías municipales que incumplan con la capacitación total de sus elementos para el próximo 30 de junio, marcada como fecha fatal, se establece como sanción que no podrán acceder a los recursos del Fortaseg -antes llamado Subsemun-. Para el caso particular del Estado de México, los fondos del Fortaseg alcanzan los 734 millones de pesos repartidos en 44 municipios, considerados focos amarillos y rojos por su incidencia delictiva.
En esas circunstancias, se debe contemplar que la necesidad que tendrán los municipios por capacitar a sus elementos con mayor premura, advierte que el estado de fuerza de las corporaciones municipales podría mermar su capacidad de respuesta. Se estima que algunos cuerpos de seguridad deberían capacitar semanalmente entre 10 y hasta 50 elementos, dependiendo su estado de fuerza y la necesidad de adiestrarse en los próximos 5 meses. En resumen, el tema no sería un asunto de voluntad sino de viabilidad.
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La zona más segura del Estado de México es el perímetro de penal de máxima seguridad de Altiplano en Almoloya de Juárez, donde se encuentra preso desde hace dos semanas Joaquín “El Chapo” Guzmán. Para la autoridad federal, ahora no sólo sería imperdonable sino impensable, la posibilidad de una nueva evasión del narcotraficante de mayor fama pública internacional. La seguridad se ha reforzado al interior y al exterior de la cárcel federal para vigilar cada movimiento y respiro del narcotraficante.
Sin embargo, la reclusión de Guzmán Loera en Almoloya de Juárez, advierte irremediablemente, un clima de enrarecimiento en el Valle de Toluca, en donde a raíz de la apertura de dicha cárcel federal, se asientan familiares y abogados de narcotraficantes, pero que se vuelve una nueva alerta por la presencia de “El Chapo”. Ahí radica otra de las razones por las que la autoridad federal pretende acelerar la extradición del líder del cártel de Sinaloa.
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