Redacción
Distrito Federal. 25 de noviembre del 2015.- Los integrantes de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desecharon, este miércoles, por mayoría de votos, el dictamen que presentó el ministro Juan Silva Meza, que concedía un amparo a una ciudadana contra el decreto presidencial del 1 de octubre del 2013, que modificó la categoría del Nevado de Toluca de Parque Nacional a Área de Protección de Flora y Fauna.
Tres de los cinco magistrados no comulgaron con el dictamen propuesto por Silva Meza y ahora el asunto será turnado a otro ministro para que presente un nuevo proyecto de resolución.
De acuerdo al dictamen formulado por Juan Silva Meza, el cambio de categoría al Nevado de Toluca tiene una serie de inconsistencias que deben ser solventadas por las autoridades ambientales para proteger de mejor manera la zona en cuestión.
El dictamen pretendía suspender, temporalmente los permisos y concesiones para realizar actividades en el Nevado de Toluca, hasta que las autoridades del medio ambiente y desarrollo urbano no realizaran acciones “restaurativas” que justificaran el cambio de categoría en esta montaña.
Se instruía a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente a demostrar “técnica y científicamente” qué medidas son posibles y óptimas para restituir el ecosistema dañado, y qué medidas se deben adoptar para compensar el daño
También prohibía a las autoridades “regularizar» las situaciones ilegales detectadas dentro del polígono del Nevado” y pedía conservar o incrementar los servicios ambientales en el zona.
Desde enero del año pasado, la activista Luz María Aguilar Zinzer, inició una batalla legal para echar abajo el decreto presidencial, pues considera que con el cambio de estatus de Parque Nacional a Área de protección de Flora y Fauna” se abre un abanico para realizar diversas actividades que dañarían el ecosistema, de por si ya afectado, del Nevado de Toluca.
La activista considera que ahora que se permite la explotación de recursos naturales de la zona, hay un grave riesgo de aumentar exponencialmente el deterioro ecológico de esta zona, en tal sentido, reclama que el decreto presidencial viola su derecho a un medio ambiente sano y propicio para su desarrollo y el de las comunidades aledañas.
