Redacción
Distrito Federal. 29 de junio de 2015.- A un año de la matanza ocurrida en el municipio de Tlatlaya, Estado de México por parte de militares a 22 presuntos criminales, que incluyó el fusilamiento de al menos once personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que la recomendación emitida por tales acontecimientos a fuerzas federales y al gobierno del Estado de México ha sido parcialmente cumplida por las autoridades destinatarias.
En un comunicado de medios, el organismo defensor de los derechos humanos nacional urgió a dar mayor celeridad en su cumplimiento y respuesta más oportuna a sus solicitudes de información.
A casi siete meses de emitida la Recomendación 51/2014, la CNDH emitió oficios dirigidos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Gobierno del Estado de México, en los que solicita a las autoridades acreditar el avance de cumplimiento de los puntos recomendatorios, para lo cual deben presentar pruebas ante dicha institución.
La CNDH subrayó que mantiene su puntual seguimiento al cumplimiento de la Recomendación mencionada, al tiempo que continúa brindando atención a las víctimas para que hagan efectivos los derechos que les asisten.
El caso Tlatlaya, subrayó el organismo, es un caso de violaciones graves a derechos humanos que lastima a la sociedad y no debe repetirse, por lo que insistió en que es necesario hacer “valer los instrumentos y las facultades que la ley le otorga”.
Hasta el momento, la CNDH ha enviado 27 solicitudes de información a la SEDENA, PGR, Gobierno del Estado de México y en colaboración, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). En paralelo, ha recibido 29 oficios de respuesta.
En el mismo comunicado, se detalla que solicitó la inscripción de la totalidad de las víctimas directas e indirectas al Registro Nacional de Víctimas, para que tengan acceso a los derechos y beneficios previstos en la Ley General de Víctimas. En respuesta, la CEAV informó que registró a 43 víctimas (22 directas y 21 indirectas).
Aunado a los procedimientos de investigación de los hechos a cargo de las autoridades destinatarias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó tres denuncias (ante la PGR, PGJ Estado de México y PGJ Militar) y tres quejas para investigar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados (Inspección y Contraloría General del Ejército, Visitaduría General de la PGR e Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México), las que se encuentran en curso.
Como parte de la Recomendación emitida el año pasado por el caso Tlatlaya, se especifica que la Secretaría de la Defensa Nacional informó que en lo relacionado con la reparación del daño y la atención a las víctimas ha iniciado un trabajo de coordinación con la CEAV, la cual dio a conocer que una de las familias ya ha sido indemnizada.
En tanto, la Sedena está pendiente sobre la determinación de responsabilidad en el ámbito militar de los servidores públicos involucrados.
La CNDH, añade que se acreditó el cumplimiento de los puntos relacionados con las medidas de no repetición, consistentes en la impartición de cursos de capacitación y la observancia de manuales de actuación.
Por su parte, la Procuraduría General de la República mantiene en integración el desglose de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/161/2014, para investigar la posible responsabilidad de otras personas en los hechos.
Además, la CNDH dio por cumplidos los puntos recomendatorios, relativos a la consignación de la averiguación previa que se inició por los hechos y el que se hiciera valer dentro de la causa penal las violaciones a derechos humanos de V24 y V25, debido a que la PGR formuló conclusiones no acusatorias y el Juez de Distrito ordenó la libertad de las dos víctimas.
En lo que hace al Gobierno del Estado de México, el organismo nacional informó que ha cumplido los puntos relacionados con las garantías de no repetición, consistentes en los cursos de capacitación al personal ministerial y pericial de la Procuraduría y el de colaboración con la CNDH para el registro de las víctimas ante la CEAV.
Sin embargo, las autoridades estatales tienen pendientes de cumplimentar los puntos recomendatorios relacionados con la indemnización y atención médica y psicológica a las víctimas; así como la determinación ministerial y administrativa de los responsables de violaciones a derechos humanos.
En el mismo comunicado, la CNDH reiteró que su intención no es la de confrontarse con las autoridades destinatarias de sus Recomendaciones, sino privilegiar las acciones en beneficio de las víctimas, para lograr la reparación integral por las violaciones a sus derechos humanos.
