En cada proceso electoral, la perniciosa cercanía entre el gobierno y el partido en el poder advierte siempre la existencia de subterfugios que atentan contra la equidad de los comicios. En una circunstancia que parece inalterable para los gobiernos, a pesar de los múltiples candados que imponen con cada reforma electoral, siempre existen condiciones que alientan a la suspicacia de actos al margen o fuera de la ley.
En su legítima aspiración por ocupar cargos de elección, en fecha reciente el secretario de Educación, Raymundo Martínez y el secretario de Finanzas, Erasto Martínez, renunciaron al gabinete eruvielista para enrolarse en la operación electoral de junio próximo. No obstante, no se puede minimizar el papel político que jugaban en la organización del gobierno estatal y de la cual pudieran aprovechar estructura, padrones de beneficiarios y hasta recursos, para favorecer en esa posibilidad al PRI del Estado de México.
En el actual sexenio, el gobernador Eruviel Ávila ha otorgado un respaldo absoluto a los programas asistenciales destinados a la educación, en mayor medida porque su titular -hasta hace un par de semanas- era un gran operador político del gobierno.
Para toda lógica electoral, en la víspera de la contienda, los padrones de beneficiarios fueron una herramienta de posicionamiento y promoción de su imagen para quien busca convertirse en diputado local, y en el terreno de las campañas próximas a comenzar, su uso queda a suspicacia y a discreción de quienes disponen de esa información.
En el caso de Erasto Martínez, la dimisión no sólo fue sorpresiva, sino hasta ahora también vislumbra poca claridad sobre su futuro político. Hay quienes lo ubican como el presidente de facto del PRI mexiquense y otros como la cabeza del listado de diputados plurinominales locales. Lo cierto es que conoce como pocos el uso de recursos públicos y cuenta con muchos de los afectos de Eruviel Ávila. Ambos combinados, suman a una inequitativa contienda electoral que favorece al partido en el gobierno, pero que por desgracia tampoco es una característica propia de los priístas.
La inequidad electoral será parte de principio a fin en las campañas. Y desde ahora, se puede adelantar que mucha de la apuesta de la oposición será la judicialización de las elecciones, para tratar de arrebatar sobre el escritorio, lo que en las urnas se encuentra perdido.
Para las autoridades electorales, las posibilidades de detectar irregularidades son mínimas, y los partidos políticos, todos sin excepción, siempre encuentran los mecanismos para darle la vuelta a la legalidad, y hacer creer que la respetan.
Ahora bien, en el caso de que Raymundo y Erasto aprovechen su cercanía con el gobierno y tengan un lugar en la próxima legislatura estatal, la perniciosa cercanía entre el gobierno y el partido en el poder no termina ahí.
Los operadores políticos y electorales de Eruviel Ávila, se convertirán en los artífices de mitigar los intentos de la oposición por generar un equilibrio de poderes entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. El Poder Ejecutivo, el Legislativo y el partido en el poder buscarán abarcarlo todo, para actuar en un modelo homogéneo y sin la equidad y el equilibrio exige el Estado y la democracia.