Toluca, Edomex. 25 de noviembre de 2014.- Cosa extraña, ningún mexiquense será beneficiado dentro de las licitaciones para los nuevos canales de televisión abierta que se entregarán a la brevedad. En la recta final por obtener los canales de televisión abierta que licitará el gobierno de Enrique Peña Nieto, se apuntan Mario Vázquez Raña, dueño de la cadena de los “Soles”; Francisco Aguirre del Grupo Radio Centro; y Olegario Vázquez Raña, propietario del Grupo Imagen. Aunque los tres se caracterizan por su cercanía y sus vínculos con los regímenes priístas.
Tanto Roberto Alcántara como Luis Maccise, de origen mexiquense, en el último año han realizado inversiones económicas al consorcio español del Grupo Prisa, lo que hacía suponer que buscarían entrar al mercado televisual. Sin embargo, en la recta final, desistieron entrar a la competencia y guardar un bajo perfil. No todos los negocios de este sexenio recaerán en mexiquenses, aunque Juan Armando Hinojosa opine lo contrario. Y de paso, le ahorraron un conflicto más a Gerardo Ruiz Esparza.
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Durante la ceremonia de inscripción con letras de oro del nombre de la “Armada de México”, un par de integrantes de las juventudes perredistas tuvieron un altercado con el personal de seguridad del Congreso mexiquense. Los jóvenes ingresaron al Palacio Legislativo como cualquier ciudadano, pero ya dentro sacaron un par de cartulinas donde demandaban que el personal de las fuerzas armadas dejara las calles de la entidad y regresara a los cuarteles. “No queremos otro Tlatlaya más” rezaban las cartulinas.
La protesta era pacífica sobre el pasillo del Palacio Legislativo, donde fueron alcanzados por un par de guardias de seguridad quienes les arrebataron las cartulinas y les dieron algunos empellones. Una secretaria de la fracción legislativa del PRD trató de defenderlos, pero el personal de seguridad respondieron que su tarea era que el orden se mantuviera. A veces la desestabilización a la que aluden las autoridades, proviene de las propias instituciones, y la obstinada represión a cualquier protesta.
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Aunque era muy recurrente la rumorología que apuntaba a generar cambios en el gabinete presidencial de Enrique Peña, parece que el mexiquense se reservará cualquier ajuste para tiempo posterior. Para afrontar la crisis de gobernabilidad desatada por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, el originario de Atlacomulco alista un nuevo Pacto que convocará a otros Poderes de la Unión para cerrar el paso a la impunidad. Una nueva serie de reformas legales para hacer frente a la mayor crisis política de su gobierno y de su historia personal.
La apuesta es mantener los equilibrios que por ahora suponen el grupo Hidalgo y el grupo Atlacomulco en el ejercicio del poder. El desgaste institucional podría superarse a partir de las medidas que prepara Peña Nieto para esta misma semana. Lo cierto, es que hay honda preocupación en el escenario electoral del priísmo, y en la medida en que los casos Ayotzinapa, Tlatlaya y la Casa Blanca pudieran tener un altísimo costo político en los comicios del año entrante, por la tardía respuesta y capacidad de reacción.
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