Redacción

Toluca, Edomex. 13 de octubre de 2014.- El escándalo por la masacre de Tlatlaya cobró otra víctima más en la Secretaría de la Defensa Nacional. El general de brigada, José Luis Sánchez León, fue removido de su cargo como comandante en jefe de la 22 Zona Militar, cuyos soldados participaron en la masacre de 22 personas en el poblado de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya el pasado 30 de junio.

Su lugar será ocupado por José Ricardo Bárcena Rocile, general de brigada quien se desempeñaba  como subjefe administrativo del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Aunque el cambio en el mando de la 22 Zona Militar, ubicada en el municipio mexiquense de Rayón,  ocurrió la semana pasada, fue este lunes cuando se confirmó y se hizo público, pues Sánchez León ya no encabezó la reunión semanal que tienen autoridades mexiquenses y federales para el fenómeno delincuencial en la entidad y definir las acciones a tomar.

Sánchez León llegó en 2012 a la comandancia de la 22 Zona Militar. Forjó buena relación con el gobernador Eruviel Ávila a quien siempre le dio el apoyo para realizar tareas de inteligencia y combate a grupos criminales principalmente en el valle de Toluca y el sur del estado.

Como comandante de la 22 Zona Militar, Sánchez León también tenía bajo su jurisdicción el 102 batallón de infantería del Ejército localizado en San Miguel Ixtapan, en Tejupilco, al sur del estado y de donde salieron los militares para investigar  la presencia de gente armada en una bodega de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, la madrugada del 30 de junio.

Sánchez León fue el mando militar que dio el aval para la difusión de un comunicado de la Sedena donde se dio la versión oficial de los hechos ocurridos en Tlatlaya ese día.

El comunicado asentaba  que ‘‘aproximadamente a las 5:30 horas, en inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, municipio de Tlatlaya, personal militar, al realizar reconocimientos terrestres, ubicó una bodega que se encontraba custodiada por personas armadas, mismas que al percatarse de la presencia de las tropas abrieron fuego, por lo que el personal castrense repelió dicha agresión’’.

‘‘En este evento se liberó a tres mujeres, quienes manifestaron estar secuestradas, las cuales fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes en calidad de presentadas; asimismo, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación el armamento y las municiones aseguradas’’.

La versión oficial que marcaba que en el enfrentamiento había ocasionado la muerte de 22 presuntos delincuentes y ningún militar, salvo un soldado lesionado, desató la curiosidad de los medios de comunicaciones por resultar poco creíble.

Reporteros de la Agencia estadounidense AP, acudieron a Tlatlaya a investigar y lograron obtener testimonios e indicios de que más que un enfrentamiento habría ocurrido una ejecución o fusilamiento de personas en esa bodega de San Pedro Limón.

Después un reportaje de la revista Esquiere en su versión Latinoamérica aportó testimonios de una testigo presencial de los hechos que confirmó la ejecución de personas, que ya estaban rendidas.

Vinieron señalamientos y exigencias de organismos internacionales como Amnistía Internacional, HRW y la ONU por esclarecer los hechos, y hasta del departamento de estado, del gobierno de los Estados Unidos.

El gobierno de la república decidió entonces investigar los hechos y finalmente se comprobó que hubo una actuación irregular de los soldados aquella madrugada del 30 de junio, pues dispararon a quemarropa contra jóvenes que ya estaban rendidos y violaron así protocolos de actuación castrense.

La Sedena detuvo a ocho soldados y los remitió a la prisión militar del campo número 1, a quienes la Procuraduría de Justicia Militar le imputó los delitos “en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa”.

Días después la Procuraduría General de la República confirmó que se consignaría a soldados participantes en esta acción de Tlatlaya por homicidio calificado y fue hasta el viernes pasado cuando el procurador, Jesús Murillo Karam reveló que un teniente, un sargento y dos elementos de tropa, fueron puestos a disposición de un juez por este delito.

Todavía como comandante de la 22 Zona Militar, José Luis Sánchez León, se negó en un par de ocasiones, cuando asistió a eventos públicos, con el gobernador Eruviel Ávila, a responder preguntas de los reporteros sobre los hechos de Tlatlaya.