Redacción

Distrito Federal. 2 de octubre del 2014.- Bajo un esquema de cuotas partidistas, esta tarde el pleno del Senado de la República realizó la designación de los integrantes de los Tribunales Electorales locales en los 17 estados donde habrá elecciones el año entrante. En el Estado de México, los legisladores decidieron ratificar tres de los cinco magistrados existentes y nombrar a dos nuevos.

Jorge Esteban Muciño Escalona fue nombrado como magistrado del Tribunal Electoral, por siete años. El cargo lo viene desempeñando desde 2009 cuando fue designado por la legislatura local.

Muciño Escalona es identificado como propuesta del PRI.

En 2005, como consejero electoral y presidente de  la comisión de fiscalización, del Instituto Electoral del Estado de México, se encargó de elaborar el dictamen mediante el cual, Enrique Peña Nieto, candidato de la alianza PRI-PVEM fue exonerado del rebase de topes de campaña, aun cuando había denuncias y elementos que presumían un gasto excesivo del priista.

El PRD logró empujar la designación de Rafael Gerardo García Ruiz, como nuevo magistrado del Tribunal Electoral del Estado de México, por un periodo de cinco años.  García Ruiz trabajó de cerca con el actual senador perredista, Luis Sánchez Jiménez e incluso fue el secretario de administración cuando Sánchez era el presidente del partido en el estado.

El PAN conservó su posición en el Tribunal Electoral de la entidad con la ratificación por cinco años más como magistrado de Crescencio Valencia Juárez, un hombre cercano a Ulises Ramírez Nuñez, actual coordinador del grupo parlamentario del PAN y líder del Grupo Tlalnepantla, que desde hace un lustro mantiene el control del partido en el estado.

El magistrado Jorge Arturo Sánchez Vázquez, también fue ratificado como magistrado del Tribunal Electoral. Es exmagistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y llegó al tribunal hace un año. Se le identifica muy cercano al régimen tricolor.

Por último, el Senado nombró como nuevo magistrado a Hugo López Díaz, por un periodo de 3 años. Aunque no era magistrado, López Díaz venía trabajando ya en el Tribunal, pues era coordinador operativo de la magistrada Irene Castellanos Mijangos, que no fue ratificada.