Redacción

Zinacantepec, Edomex. 23 de septiembre de 2014.- La polémica generada por los reportajes periodísticos que han sugerido que la muerte de 21 personas en el poblado de San Pedro Limón, del municipio mexiquense de Tlatlaya, a manos del Ejercito mexicano el pasado 30 de junio, fue producto de una ejecución sumaria y no de un enfrentamiento como sostuvieron desde un inicio las autoridades, alcanzó este mediodía al presidente de la república, Enrique Peña Nieto en su gira por Washington, Estados Unidos.

Ahí, representantes de la agencia Prensa Asociada (AP, por sus siglas en inglés) –y los primeros en evidenciar la presunta actuación extrajudicial de los soldados en Tlatlaya – cuestionaron de frente al mandatario, quien comprometió una investigación profunda por la Procuraduría General de la República para esclarecer los hechos.

«La PGR está ahondando en una investigación, y será la instancia que dé respuesta a este tema», dijo Peña Nieto al ser abordado por un reportero de AP ala salida de un evento en la sede de Bloomberg en Nueva York.

El escándalo que han generado los reportajes de AP y de la revista Esquire, donde testigos presenciales de los hechos han revelado una actuación irregular de los miembros del Ejército han obligado al gobierno federal a responder a críticas y señalamientos que han hecho desde el gobierno estadounidense y organismos defensores de derechos humanos como Human Rigths Watch y Amnistía Internacional en un tono más conciliador y de no confrontación, como se hizo en un inicio, al sostenerla versión dada por la Secretaría de la Defensa Nacional de que se trató de un enfrentamiento.

El gobierno de Eruviel Ávila también se mostró receptivo a los señalamientos y a través del secretario General de Gobierno, José Manzur Quiroga externó su disposición de aportar los datos que tuvo al alcance la administración estatal al inicio de la investigación a quien así lo solicite, refiriéndose a los organismos nacionales e internacionales de derecho humanos y a la Procuraduría General de la República, responsable de la investigación.

Puso énfasis en que, hasta el momento, ninguna instancia ha requerido datos sobre esta masacre al gobierno del estado de México.

Cuestionado sobre las necropsias que practicó el área de servicios periciales de la Procuraduría mexiquense a los cuerpos de las víctimas, Manzur descartó que en ellas existan evidencias de que se trató de un fusilamiento o ejecución como lo sugieren las investigaciones periodísticas.

Dejó en claro que si ellos hubieran visto algo irregular o fuera de la ley se hubiera comentado pues son un gobierno comprometido con el estado de derecho, apuntó.

El general encargado de la 22 Zona Militar, de donde eran los soldados que participaron en los hechos de Tlatlaya, José Luis Sánchez León optó por no emitir comentarios sobre los señalamientos que se han hecho en contra de los soldados por una presunta actuación extrajudicial.

“En este momento no tengo comentarios, muchas gracias”, fue respuesta cuando se le inquirió del tema de Tlatlaya.