Redacción

Toluca, Edomex. 29 de julio de 2014.- Los beneficios que generen las reformas estructurales que se han avalado en el Congreso de la Unión el último año se verán a mediano plazo, aseguró hoy la senadora por el Estado de México, Ana Lilia Herrera Alzando, pues, dijo, que no basta con la simple aprobación de los ajustes, sino ahora el reto es lograr su verdadera instrumentación.

La legisladora priísta manifestó que pese a lo que se diga, se han roto inercias y mitos para que estas reformas estén siendo aprobadas, tras largas discusiones en las que se ha privilegiado dar voz a todos los grupos parlamentarios para que nadie se sienta excluido.

Mencionó que tanto la reforma educativa, la hacendaria, la laboral, la de telecomunicaciones y la energética y hasta la político–electoral han tenido el objetivo de lograr que el país sea más productivo y competitivo para generar más oportunidades de desarrollo a los mexicanos.

Señaló que también se ha buscado sentar las bases para que el ejercicio del poder se desarrolle bajo altos niveles de transparencia y rendición de cuentas y se ha dotado de instrumentos para fortalecer a las instituciones del estado ante el embate de los poderes fácticos.

Herrera Anzaldo defendió todas y cada una de las reformas impulsadas por el titular del Ejecutivo federal, pero aclaró que ninguna ha sido aprobada en automático, pues en la mayoría se han hecho adecuaciones importantes y se han enriquecido con las propuestas de los grupos parlamentarios representados en San Lázaro y en el Senado de la República.

“Hay muchas medidas que no son populares porque no son mágicas. Las cosas no van a cambiar de un día a otro. Pensamos en el largo plazo para que haya certidumbre del rumbo que debemos adoptar”, dijo.

La senadora recalcó que la reforma energética sí permitirá que las tarifas de energía eléctrica y gas bajen en el futuro, una vez que exista una real competencia en el sector.

Rechazó que la reforma vaya a generar despojo indiscriminado de tierras o un perjuicio para los campesinos  pues se fijó en la ley que las empresas que se dediquen a extraer petróleo o gas de un predio particular, comunal o ejidal, lo podrán hacer siempre y cuando el dueño o dueños así lo avalen y esto le genere algún dividendo.