Cuando se dieron los primeros indicios de ejecuciones en el Estado de México, estos ocurrieron entre 1997 y 2003. La vinculación estaba dada con la cárcel federal entonces conocida como La Palma, donde se encontraba preso Osiel Cárdenas, líder del cártel del Golfo. Las autoridades sospechaban que la presencia de familiares y abogados de grandes capos había desatado una indeseable violencia, que pintó de rojo esporádicamente el estado, eran los llamados hechos aislados.
Entonces algunos abogados vinculados con narcotraficantes aparecieron ejecutados a bordo de sus camionetas, en el interior de tiendas de conveniencia, o afuera de sus casas. Las indagatorias no dejaban duda de que eran ajustes de cuentas menores, sobre todo por la defensa jurídica a la que se dedicaban. No era un asunto que permeará entre la sociedad, y se pretendía solucionar con una reubicación del penal que jamás se consiguió.
Años más tarde vino la desatada lucha contra el narco emprendida por el panista Felipe Calderón, y el Estado de México se vio inmerso en esa pelea por las plazas del narcomenudeo. Se comenzaron a apilar los cadáveres en las zonas de mayor marginación, particularmente la zona oriente. Las autoridades policíacas simplemente no pudieron hacerle frente, y en muchos casos se vieron infiltradas por el crimen organizado. Proliferó el desorden.
Dada su ubicación geográfica, su densidad poblacional y su colindancia con estados de tierra caliente, el Estado de México quedó entrampado como productor de marihuana, y un prolífico consumidor de estupefacientes. Los grupos criminales se asentaron con fuerza en sus zonas residenciales como escondites de sus fechorías. Y las ejecuciones despuntaron inusitadamente frente al asombro de autoridades federales y locales. Nadie puso un freno, y hasta la fecha parece que nadie ha encontrado una solución. Esa es la cruda realidad que enfrenta el estado hoy en día.
A propósito del penal de Máxima Seguridad, hoy llamado El Altiplano, el Estado de México tiene nuevo inquilino. Dionicio Loya Plancarte alias El Tío, uno de los altos mandos dentro de la estructura del cártel de Los Caballeros Templarios, fue encarcelado ayer miércoles en el Penal de Máxima Seguridad de Almoloya de Juárez.
El Tío como le apodan, se encuentra acusado de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas; y se le vincula con 14 expedientes ministeriales por su probable participación en hechos ilícitos como delincuencia organizada y delitos contra la salud.
