Redacción

Muy sigilosa fue la investigación que durante un par de semanas realizó la  Procuraduría General de Justicia del Estado de México para confirmar un presunto caso de trata de personas, en su modalidad de explotación laboral de menores. Este fin de semana se informó de la captura y consignación de cuatro adultos y el rescate de diez niños que durante meses fueron víctimas de este delito.

Los hechos sucedieron en la colonia La Salinas del municipio de Texcoco, donde gracias a una denuncia anónima se pudo confirmar el modus operandi de estos cuatro sujetos que obligaban a los menores a vender chicles, dulces y a actividades de mendigar.

La denuncia la hizo el propietario de uno de los establecimientos comerciales donde continuamente los menores acudían a pedir limosna o vender sus dulces a los visitantes a este lugar.

De acuerdo con la denuncia, los niños ingresaban a los comercios de la zona y afuera eran vigilados por adultos, que luego les quitaban el dinero que obtenían por la venta de sus productos o bien por la limosna que obtenían.

Los agentes ministeriales constataron que los menores eran explotados laboralmente y así pudieron presentar pruebas a un juez de control que otorgó una orden de aprehensión para capturar a Hilda Cano Acosta y los hermanos Francisco, Minerva y Marisela Acosta Rosales a quiénes se les consignó por el delito de trata de personas.

Los sujetos fueron ingresados al penal del Molino de las Flores en Texcoco y por ser considerado éste un delito grave no alcanzan el beneficio de libertad bajo fianza, lo que los obliga a enfrentar su proceso penal encarcelados hasta que se dicte sentencia.

Los diez menores, de entre 7 y 17 años de edad, fueron rescatados y canalizados a un albergue del DIF mexiquense donde recibirán atención médica y psicológica y pasarán unos meses bajo el resguardo de la institución en tanto familiares rescatan la patria potestad.

El Juez de control que otorgó la orden de aprehensión contra estas personas y les decretó el auto de vinculación a proceso, fijó un plazo de tres meses al ministerio público para terminar la investigación y realizar inmediatamente después el juicio oral.