Redacción

Bajo el argumento de frenar la deforestación del lugar, el Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto, determinó recategorizar al Parque Nacional Nevado de Toluca como área de protección de flora y fauna. Para el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud el Nevado no se podía renovar ni reforestar y que con este cambio de esquema, se pretende permitir el aprovechamiento sustentable forestal.

El funcionario federal abundó que se trata de motivar a los dueños de este recurso (ejidatarios) para que vuelvan a sembrar árboles en el bosque y generen ingresos a través del cultivo de éste.

“La tala clandestina es algo que no hemos enfrentado a través de los tiempos y esta es la única solución”, advirtió el ex diputado federal del Partido Verde.

Descartó que la nueva categoría del Nevado de Toluca permita la construcción de desarrollos habitacionales. Para ello, citó al artículo 16 del decreto que prohíbe la fundación de nuevos centros de población.

El decreto publicado el pasado 1 de octubre, dividió al Nevado de Toluca, cuya superficie total es de 53, 590 hectáreas, en dos zonas: la núcleo, que comprende 1,941 hectáreas y la de amortiguamiento, que comprende las restantes 51 mil 649 hectáreas.

“Cero hoteles, cero fraccionamientos, es únicamente regularizar los asentamientos que ya están ahí”, insistió.

El  decreto precisa que en la zona de amortiguamiento se permiten “actividades de construcción y mantenimiento de infraestructura pública o privada“, así como “aprovechamiento extractivo de la vida silvestre“.

Las voces en contra

De inmediato, surgió el escepticismo que apunta al riesgo de que el Nevado de Toluca se deteriore con la nueva categorización.

A través de redes sociales y en la plataforma Change.org se solicita a Enrique Peña Nieto, restablezca el estatus de Parque Nacional al Nevado de Toluca.

En la convocatoria por redes sociales, se invita a los ciudadanos firmar para que al Nevado se le regrese su calidad de área de protección y se evite que con el cambio de estatus la zona siga siendo víctima de depredación.

La petición plantea que con el decreto ahora será legal realizar actividades como la “remoción” de especies forestales, el “aprovechamiento extractivo de vida silvestre”, la ganadería, la agricultura, el turismo, así como la “construcción y mantenimiento de infraestructura pública o privada” en 96 por ciento de la superficie.

“Esta área ya ha sufrido la deforestación de grandes extensiones de bosque, que sus manantiales hayan desaparecido o mermado y que su suelo se haya erosionado debido al cultivo de papa y a la excavación de minas”, se argumenta.

Sin embargo, en la petición considera que “no se debe sacrificar un área natural protegida en pos de construir, licitar o realizar un negocio que la comprometa o la destruya irremediablemente. Esto resultaría en un detrimento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas aledañas, pero, sobre todo, se atenta contra el patrimonio ecológico y natural de México y de la Humanidad”.