Redacción

Todo fue malentendido, trató de justificar ayer el secretario de Educación del gobierno mexiquense, Raymundo Martínez Carbajal, ante el escándalo desatado luego de que maestros, padres de familia y alumnos fueron obligados a acudir a los planteles escolares, la noche del martes, para seguir el informe del gobernador, Eruviel Ávila Villegas.

La instrucción, dijo, fue hacer una invitación a los padres de familia y alumnos para seguir el informe, a modo de sugerencia, pero nunca se habló de una obligación, aclaró. En el proceso de hacer bajar la recomendación a las escuelas, en algún punto se desvirtuó, se excusó.

Así, Raymundo Martínez quiso salir al paso del rechazo que generó el hecho de ver que cientos de escuelas del estado fueron llenadas con padres de familia y alumnos, la noche del martes para ver el informe. En las redes sociales y en los espacios informativos se condenó el hecho y reprobaron que aún existan este tipo de prácticas en los gobiernos estatales.

“De verdad, es algo que lamentamos, pero no hubo mala fe de nadie”, insistió Martínez Carbajal, entrevistado tras concluir el primer acto “público” donde el gobernador resumiría parte del su segundo informe de labores.

Agobiado por las preguntas de reporteros quienes demandaban claridad del funcionario sobre si iniciaría una investigación para deslindar responsabilidades y castigar a los culpables, Martínez Carbajal, atajó. “Alguien quiso hacer su trabajo y sucedió esto. Vamos a corregirlo pero no vamos a poner a esto más énfasis de lo que tiene: a mí me parece que se trata de una ejecución rápida de una instrucción que se convirtió de una sugerencia a una obligación… no, no contemplamos castigo o sanción y menos por dejar contento a alguien».

Pese a las disculpas y a la explicación,  los partidos de oposición como el PAN y el PRD consideraron que un hecho tan grave no puede quedar así nada más, sin sanción y como si nada hubiera pasado.

Se trató de algo ofensivo para los niños, dijo el diputado panista, Alfonso Bravo, quien apuntó que se debe castigar al responsable, sea quien fuere, incluso con la destitución.

Juan Hugo de la Rosa, dirigente estatal del PRD consideró que con la instrucción generada por las supervisiones escolares se conculcaron libertades por el hecho de obligar a alguien a seguir el informe.

“El gobernador debe dar una explicación convincente, pero ir más allá. Sancionar a los responsables de este hecho”, recalcó.

Ambos partidos indicaron que buscarán que el asunto no quede ahí, aunque todo parece indicar que el destino de este hecho es quedar como en el anecdotario del segundo informe del gobernador Ávila Villegas.