Redacción

Más de mil planteles educativos de nivel básico y medio superior que fueron creados por organizaciones sociales –y que siguen bajo su control–  ya no podrán operar a partir del próximo ciclo escolar que inicia en agosto entrante, luego de que el Congreso del estado de México aprobó una reforma propuesta por el partido Nueva Alianza, para sancionar con cárcel a quien preste servicios educativos sin tener autorización para ello.

Con la reforma, justificó el coordinador de los diputados de Nueva Alianza, Víctor Estrada Garibay, se busca que todos los alumnos que cursen algún grado escolar en el estado de México, tengan la garantía de que sus estudios serán debidamente reconocidos.

La aprobación de esta reforma –avalada por PRI, PAN, Nueva Alianza y Partido Verde–,  ha generado polémica y rechazo de la izquierda, quien la votó en contra. Por ejemplo, el PRD, PT y Movimiento Ciudadano anunciaron que  emprenderán acciones legales para echarla abajo, ya que varias de las organizaciones que están agremiadas a estos partidos controlan varios planteles.

Se estima que serán más de 100 mil alumnos que aglutinan estas escuelas, principalmente ubicadas en el oriente del estado, los que serán afectados por las modificaciones legales.

De acuerdo con el nuevo texto aprobado al artículo 148 del Código Penal,  se impondrán de cinco a diez años de prisión y una multa de mil a mil 500 días de salario mínimo vigente, al que sin tener reconocimiento de validez oficial de estudios preste servicios educativos.

En caso de reincidencia la sanción se agrava de una a dos terceras partes. Si existe la intervención de un servidor público del ámbito educativo, se procederá a su destitución e inhabilitación de ocho a 20 años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.

La reforma también adiciona una fracción al artículo 176 del Código Penal, para equiparar al delito de usurpación de funciones públicas o profesionales, la prestación de servicios educativos por parte de persona física, miembros o representantes legales de una persona jurídica o de una sociedad, corporación, empresa o grupo, con la promesa de entregar un certificado, título o grado académico, o de que se encuentra en trámite, sin tenerlo. Al responsable de este delito se le impondrán de cinco a 10 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa.

Los partidos de izquierda se quejaron que la finalidad de la iniciativa no es otra cosa que la criminalización de la educación, ya que si bien existen organizaciones sociales que operan escuelas, esto obedece responder a la demanda social que no puede cubrir el Estado por omisión o incompetencia.

Nueva Alianza ha revirado con el argumento de que la idea “es evitar que surjan escuelas sin control alguno, las cuales son un negocio cuyas consecuencias repercuten en quienes no se les permitió acceder a educación pública”.