Redacción
El conflicto que desde hace años sostienen los comuneros de San Francisco Xochicuautla, del municipio de Lerma con el gobierno del estado de México por la construcción de la autopista Toluca- Naucalpan, que unirá al poniente del Valle de México con la zona norte de la capital mexiquense, donde se ubica el aeropuerto internacional de Toluca, se ha agudizado en las últimos días.
El lunes, 14 pobladores de Xochicuautla fueron detenidos y encarcelados, luego de que impidieron que se reiniciaran los trabajos de construcción de esta autopista de 39 kilómetros que tendrá un costo superior a los 5 mil millones de pesos.
Los comuneros de Xochicuautla, sostienen, como lo han hecho desde 2007, fecha en que se inició el conflicto, que esta obra violenta las normas ambientales y va en detrimento una Área Natural Protegida decretada así en 1980, conocida como El Santuario del Agua y el Parque Otomí- Mexica.
Las autoridades refutan el argumento, al señalar que el trazo de la autopista no invade el Área Natural Protegida, por lo que no existe impedimento legal para su ejecución.
El proyecto de la autopista Toluca- Naucalpan es añejo. Durante años no se ha podido desarrollar por dos circunstancias. La primera: la falta de financiamiento debido a la crisis financiera que se vivió en 2010 y 2011, y la segunda: por la oposición de comuneros de Xochicuautla y otras comunidades vecinas como Huixizilapan, Ayotuxoco, Atarasquillo y Ameyalco, que no habían dado su aval para la venta de tierras comunales y ejidales.
Ambos aspectos quedaron solventados en abril pasado. El concesionario logró el financiamiento gracias a un crédito de Banobras y apoyos del Fondo Nacional de Infraestructura, que suman en total 2 mil 775 millones de pesos. En tanto, el gobierno logró el aval de los representantes de bienes comunales de Xochicuautla, en una asamblea, que dicen los pobladores de la región, fue a todas luces ilegal, porque no se hizo una convocatoria extensiva a todos los comuneros, sino sólo aquellos que están de acuerdo en la venta de las tierras.
Así, el lunes se pretendieron iniciar los trabajos. La constructora contratada por el concesionario se topo con la inconformidad de decenas de personas que impidieron la realización de trabajos. Para el martes, la constructora solicitó el apoyo de la policía para asegurar que nadie les impidiera la obra, pero los pobladores encabezados por mujeres se volvieron a poner frente a las máquinas e impidieron que avanzaran.
–Váyase señora, no se exponga de esta manera, decía un comandante de la policía estatal a Rosa Santos Bermúdez de 68 años de edad, que aseguraba que las tierras donde pretendían trabajar tenían dueño y era su familia.
— Ni madres, de aquí no me muevo, porque esto es mío. Ustedes son los que se tienen que ir, porque estas tierras no están en venta y no puede venir así a echarnos de lo que nos pertenece.
Durante varios minutos policías y comuneros alegaron sobre el asunto. Ni los policías ni la constructora pudieron acreditar facultad sobre las tierras que los comuneros reclaman como propias, pero aún así insistían en trabajar.
-Ya no podemos esperar, la empresa está perdiendo mucho dinero y lo saben. Esta obra debió empezar hace años, reclamaba un hombre calvo representante de la constructora que exigía a los policías proceder en contra de los ejidatarios.
Y así fue. Los policías detuvieron a 14 personas, entre ellas a Rosa Santos Bermúdez, a quien le acusan ahora del delito de impedimento de ejecución de obra, tipificado en el Código Penal del Estado.
En total fueron siete hombres y siete mujeres los detenidos por la policía que fueron remitidos al ministerio público en Toluca, que este jueves debe resolver su situación jurídica.
Ayer martes, varios pobladores acudieron a la Procuraduría de Justicia mexiquense a exigir la liberación de sus compañeros. “Fue una detención arbitraria, sólo defienden sus tierras” expresaron.
En la Procuraduría negaron su libertad, porque aún no terminaban de tomar declaraciones en una denuncia iniciada por la constructora en contra de los comuneros que se dicen despojados de sus tierras.
Una vez que se termine de tomar los testimonios, el ministerio público determinará si existen elementos suficientes para consignar el expediente.
Para el Frente Indígena de Pueblos en Defensa de la Madre Tierra, integrado por comuneros de Lerma, Huixquilucan y Naucalpan –que se oponen a esta carretera por el daño ecológico que ocasionará — no es más que una venganza del gobierno, a la oposición de los pobladores a la obra.
Esta organización solicitó ayer mismo la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fin de garantizar que no se viole los derechos de los detenidos y no sufran daños físicos, ni psicológicos.
