El control legislativo de San Lázaro, que ejerce a la distancia –tanto en tiempo como territorialmente- por parte del ex gobernador Arturo Montiel es innegable. Cosa muy simple, observar la influencia de los alfiles políticos montielistas y el acomodo que han ido obteniendo en menos de seis meses en el reparto de poder en la Cámara baja. Con el auspicio del Presidente Enrique Peña Nieto, su antecesor y tutor político, ha logrado para su grupo una dominancia envidiable en el Poder Legislativo. Su músculo se siente.
Por un lado, José Manzur se ha hecho de la presidencia de la poderosa comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Es además coordinador de los diputados federales mexiquenses. Y se ha vuelto en el corto plazo, en un operador de primera línea del coordinador parlamentario Manlio Fabio Beltrones. En síntesis, para la actual legislatura y los intereses políticos de Peña Nieto, Manzur se ha vuelto en pieza indispensable para lograr sus cometidos en la materia.
Otro caso aparte lo ocupa José Rangel, que asumió ya la presidencia legislativa del caso Monex. Será responsabilidad del montielista, sacar del atolladero al priísmo, en un asunto que acusa irregularidades en la campaña presidencial. Y el cuadro lo completa, Laura Barrera Fortoul, quien se encarga de la comisión legislativa del Distrito Federal. El encumbramiento político de Barrera sería inexplicable sin el auspicio de Montiel. El ex gobernador hace sentir su presencia, aun a la distancia y la circunstancia.
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Pasaron 100 días de las nuevas administraciones municipales sin pena, ni gloria. Muchos alcaldes mexiquenses piensan que aún siguen en campaña. Permanecen con giras, con tufillo de proselitismo, más allá de respuestas reales a las grandes carencias que sufren sus gobernados. Continúan realizando promesas de saliva, sin que hasta ahora se tenga una muestra palpable de que las cosas están mejorando en los rincones del Estado de México.
Lo que prevalece es la promoción personal de quienes en julio ganaron las elecciones, y parece que no encuentran la forma de enderezar gobiernos locales que heredaron, caracterizados por el desorden, el endeudamiento y la desolación entre la sociedad. Frente a la falta de solvencia económica y la incapacidad administrativa, el resultado es la nulidad en obra pública en los 125 municipios de la entidad. Los informes sólo fueron mera simulación.
Todos los gobiernos municipales sin excepción, “presumieron” avances en materia de seguridad pública en 100 días de gobierno. Sin embargo, si hay algo que lástima a los mexiquenses es sentirse inseguros. No hay personajes que no tenga a un familiar o conocido que haya sido víctima de la delincuencia. Entre robos, secuestros y hasta macabros hallazgos de cadáveres, es lo que ha inundado las primeras planas de los últimos meses.