Redacción
El Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó auto de formal prisión contra Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, Ricardo Escorcia Vargas e Iván Reyna Muñoz, por el delito de delincuencia organizada por sus presuntos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva.
Tras la rejilla de prácticas en el Penal de Máxima de Seguridad del Altiplano, el juez con residencia en Toluca Raúl Valerio Ramírez, dictó auto de formal prisión contra Rubén Pérez Ramírez, por el delito contra la salud en la modalidad de colaboración.
Los inculpados deberán enfrentar el proceso penal sin derecho a libertad provisional bajo caución, al tratarse de delitos calificados como graves.
El pasado 1 de agosto, elementos de la policía Ministerial Federal de la Procuraduría General de la República, cumplimentaron la orden de aprehensión contra Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y Ricardo Escorcia Vargas, para ser recluidos en la cárcel federal ubicada en el municipio de Almoloya de Juárez.
A través de un comunicado de prensa, se informó que el auto de formal prisión contra Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, Ricardo Escorcia Vargas e Iván Reyna Muñoz, deriva de que existen indicios suficientes de que los mandos militares, como servidores públicos, favorecían los intereses de la organización delincuencial conocida como “Los Beltrán Leyva”.
El juez determinó en el auto de formal prisión, que los militares permitieron que dicha organización pudiera hacer descender en el aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, aviones procedentes de Colombia y Venezuela con clorhidrato de cocaína para abastecer combustible y continuar su destino hacia el centro del país, convirtiendo el vuelo a Nacional, evitando con ello mayores revisiones.
En el expediente se establece que el testigo protegido Mateo, mejor conocido como Sergio Villarreal alías «El Grande» vinculó también al Aeropuerto Internacional de Toluca, en cuya terminal aérea también era permisible el aterrizaje de aviones para la descarga de droga en la capital mexiquense, para lo cual se pagaban montos de 550 mil dólares por aeronave.
El pago era efectuado a elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano, donde alrededor de 5 millones de pesos eran destinado a la PF y otro millón de pesos para las fuerzas castrenses, que en territorio mexiquense era comandado por Rubén Pérez de la 22 Zona Militar.
En el referido auto de formal prisión se aperturó el trámite del procedimiento por la vía ordinaria, dando inicio a la etapa de instrucción, en que las partes tendrán la oportunidad de ofrecer las pruebas pertinentes y el juzgado de distrito pueda acordar lo pertinente para su desahogo.
