Redacción

Toluca, Estado de México; 17 de octubre de 2019.- El Sistema Penitenciario del Estado de México es el más grande del país, al albergar la mayor cantidad de personas privadas de libertad (PPL) a nivel nacional, que asciende a 29 mil 967 internos, los cuales se encuentran en 22 centros penitenciarios de reinserción social (CPRS), un Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque” y la Penitenciaría Modelo.

Al presentar el Tercer Informe Especial sobre Derechos Fundamentales de las Personas Privadas de Libertad en la Infraestructura Penitenciaria, el ombudsperson mexiquense Jorge Olvera García explicó que el objetivo es visibilizar la situación de los derechos humanos de los internos; las acciones realizadas en coordinación con las autoridades para proteger a ese segmento vulnerable, identificar factores que obstaculizan la operatividad de las instituciones carcelarias que transgreden derechos de personas reclusas, protección a la integridad y desarrollo de las personas y la atención a grupos especiales.

El documento presenta observaciones a las que la Codhem dará seguimiento para fortalecer el Sistema Penitenciario mexiquense y cristalizar el fin esencial de la reinserción social de personas en reclusión, sin olvidar los desafíos y retos.

En el marco del Segundo Congreso Nacional Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario. Sistema Postpenitenciario en México, ante la tercera visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ruth Villanueva Castilleja, dijo que la información se generó de las 43 visitas de supervisión penitenciaria, entrevistas a directivos, jefes de vigilancia, personas privadas de libertad, personal de las áreas técnicas y con base en lo observado in situ por las y los visitadores, en el periodo comprendido entre octubre de 2018 y el mismo de 2019.

Entre las acciones de coordinación institucional realizadas por la Codhem y la Secretaría de Seguridad estatal se encuentran: en diciembre de 2018 iniciaron formalmente actividades cinco oficinas en los centros penitenciarios de Ecatepec, Santiaguito, Chalco, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, donde personal de la defensoría promueve la cultura de respeto a los derechos humanos de los internos; ese mismo año se instalaron dos casetas de videollamadas para acercar los servicios del organismo defensor a los penales de Texcoco y Tenango del Valle.

En las visitas de supervisión, se advirtió que la autoridad penitenciaria buscó mejorar las condiciones, a través de la creación de un sistema de monitoreo y videovigilancia, instalado en el C5 de la Ciudad de Toluca, que permite monitorear en tiempo real los CPRS de Tlalnepantla, Ecatepec, Santiaguito, Nezahualcóyotl Bordo, Cuautitlán, Chalco, Texcoco, Nezahualcóyotl Sur y Zumpango; y acondicionamiento de espacios acordes a las necesidades de la población femenil en los penales de Santiaguito, Chalco y Tlalnepantla.

También se incrementaron los instrumentos tecnológicos de seguridad, como inhibidores de telefonía, videocámaras, detectores de metal y rayos X, en algunos centros penitenciarios; aumento de contrataciones del personal penitenciario de seguridad y custodia; y el centro penitenciario de Tenancingo Sur, inició actividades formalmente el pasado mes de septiembre.

Se formularon observaciones que implican desafíos para atender, entre ellos, fortalecer acciones para garantizar el derecho al respeto a la situación jurídica de las personas privadas de libertad, conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal sobre la ubicación de procesados y sentenciados en áreas distintas; generar mecanismos para disminuir la sobrepoblación y el hacinamiento; promover la suscripción de convenios con empresas para crear oportunidades de trabajo y capacitación para las PPL y que sean tomadas en cuenta cuando sean beneficiadas con la libertad anticipada.

Otros aspectos son: adoptar medidas para que el sector femenil en los centros penitenciarios con población mixta, tenga acceso completo a la organización de tiempos y espacios para sus actividades; elaborar un diagnóstico en todos los centros penitenciarios para identificar a quienes reúnen los requisitos de ley para obtener la libertad anticipada; así como diseñar e implementar programas relacionados con el modelo postpenitenciario, a fin de otorgar a los liberados, externados y familiares el apoyo para facilitar la reinserción social, procurar su vida digna y prevenir la reincidencia.