Toluca, Edomex. 04 de diciembre de 2018.- La transición del poder, entendida como el cambio de régimen político al que ha llamado Andrés Manuel López Obrador, supone además un clivaje en las estructuras de poder. Cientos de funcionarios públicos, mandos medios y asesores, serán obligados a renunciar en cantidad como nunca antes. Las alternancias entre priístas y panistas, en los años 2000 y 2012, transitaron por un entorno armónico y terso. Decenas de funcionarios, en cargos de confianza, lograron su prevalencia pese al cambio de partidos en el gobierno federal. Foxistas, calderonistas y peñistas sortearon, convivieron y compartieron el ejercicio del poder público durante dieciocho años.

El recorte de personal obedece a dos variables: contención del gasto y la ocupación de plazas para los integrantes del nuevo gobierno. En el transcurrir de diciembre vendrá una oleada de despidos. Desde el mes de julio, tan pronto como iniciaron los trabajos de transición entre el gobierno saliente y el entrante, la petición del equipo lopezobradorista fue no renovar contratos a personal de honorarios. Algunos contratos terminaron con el mismo sexenio peñista.

Alejandro Encinas, excandidato a la gubernatura del Estado de México en dos ocasiones, ya se instaló en sus oficinas en el Palacio de Covián; será una pieza clave en el caso de Ayotzinapa. Mientras que Horacio Duarte, exdirigente de Morena en la entidad, desde ayer ya despacha en el piso 12 de Reforma 93, en el edificio que ocupa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Aún es una incógnita la constancia que tendrán las reuniones que encabezarán semanal o mensualmente Alfredo Del Mazo y Delfina Gómez en materia de seguridad, aunque la apuesta es meter a los gobernadores en la misma dinámica del presidente López Obrador, y que ambos de manera cotidiana se sienten a revisar la estrategia, contabilizar los crímenes y tomar decisiones. Difícilmente se avizora a Del Mazo entrar en una dinámica, que de entrada favorece la agenda pública del nuevo gobierno.

Más allá del ánimo de colaboración que establezca Del Mazo, se deberá considerar la propia toma de decisiones a la que estaba acostumbrada la clase política. Y que en el caso de la seguridad pública, a pesar de ser un tema prioritario, siempre se relegó su margen de control a las fuerzas de seguridad y no a decisiones políticas. En resumen, se advierte que pocos gobernadores aguantarán el ritmo de someterse a la agenda lopezobradorista.

La misma acción pretende permear hacia los presidentes municipales. Pero en este caso, la situación se vuelve más compleja. El gobierno federal apuesta a que los alcaldes se reúnan regionalmente, lo que implica traslados, desfase de tiempos, y a eso se agrega que en el Estado de México la mayoría de los alcaldes dejarán el cargo en escasos 27 días, salvo aquellos que lograron la reelección.

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