Israel Dávila

Ocoyoacac, Edomex, 24 de abril del 2018.- Unos 600  policías federales y del estado de México fueron movilizados esta mañana a la zona de San Jerónimo Acazulco, muy cerca del Parque Nacional de La Marquesa, para garantizar a la empresa que construye la obra civil del Tren Interurbano México-Toluca, pueda continuar los trabajos, luego de casi tres meses de estar detenidos por la oposición de los comuneros de la localidad.

Los efectivos realizaron un cerco de seguridad para impedir que los comuneros de Acazulco se acercaran la obra y los trabajadores de la constructora puedan reiniciar su labor tras varias semanas de estar suspendida por un juicio de amparo promovido por lugareños.

Los comuneros de Acazulco reclaman que la obra está generando un gran ecocidio a la zona, pues se han talado cientos de árboles desde hace dos años, lo que ya está generando alteraciones en los arroyos de la región.

Además demandan el pago de una indemnización por tierras que han sido ocupadas por las constructoras para la obra y para guardar su maquinaria.

En tanto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha responsabilizado a esta comunidad del retraso injustificado de la obra del Tren, y en un comunicado de medios emitido la noche del viernes, ha señalado que difícilmente se podrá cumplir el plazo de que la obra civil de este proyecto, en su primera etapa pueda ser entregada en mayo como se tenía previsto.

En enero pasado, los comuneros de Acazulco promovieron un juicio de amparo ante el juez primero de distinto en materia civil y de amparos con sede en Toluca, con la finalidad de que la obra se detenga. El juez concedió la suspensión provisional y los trabajos quedaron suspendidos desde mediados de enero. El pasado 22 de marzo el juicio de amparo se sobreseyó y dos días después la SCT intentó retomar los trabajos pero los comuneros se lo impidieron.

En principio demandan el pago de la indemnización por las tierras ocupadas y también la celebración de una mesa de trabajo donde se pueda convenir un plan sustentable de desarrollo para hacer amigable este proyecto con las comunidades otomíes por donde pasará, pues varias de ellas, quedarán divididas.

LA SCT aclaró que los terrenos que reclama la comunidad de Acazulco, son propiedad federal, pues fueron expropiados en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde 1943, y esta empresa los cedió a la Secretaría para para dar cabida al tren. Recordó que el gobierno federal ya “indemnizó a quienes aprovechaban los terrenos del derecho de vía de las Torres de la CFE a fin de lograr su desocupación, según consta en un convenio firmado entre la representación comunal y la SCT el 16 de octubre de 2015, donde se otorgó la transmisión de derechos de posesión de una superficie de 17 hectáreas.

No obstante, los comuneros de Acazulco explicaron que la SCT no ocupa 17 hectáreas sino casi 21 en la zona, por lo que se debe indemnizar por las cuatro hectáreas demás que se ocupan. Además insistieron que desde 1943 cuando fueron expropiados esos terrenos, los comuneros nunca recibieron el pago correspondiente.

Los labriegos de Acazulco han iniciado una caravana en la que participan más de 100 personas en toda la ruta del Tren para demostrar que el retraso de la obra no es responsabilidad de la comunidad, como lo señaló “dolosamente”la Secretaría en un comunicado de medios, sino esto se debe a la mala planeación y la falta de consenso con las comunidades por donde pasará el tren.

La obra civil no solo está parada en la zona de la Marquesa; también existen  tramos sin terminar en la zona de San Pedro Tultepec, en Lerma; en Coapanoaya, en Ocoyoacac e incluso algunos tramos de San Mateo Atenco y Metepec.