Ausencia, dolor e impunidad detrás de la alerta de género

Por: Violeta Huerta

Este 31 de julio se cumplieron dos años de la declaratoria de alerta de género en once de los 125 municipios mexiquenses y más allá de las estadísticas -que demuestran el fracaso de ese mecanismo, pues sigue la violencia contra la mujer y una prueba es que del 2015 a la fecha han aumentado los feminicidios y los homicidios dolosos-, hay historias llenas de dolor de quienes han perdido hijas, esposas, hermanas.
Homicidios, secuestros y desapariciones han sembrado de dolor cientos de hogares. Familiares de víctimas se niegan a callar, exigen justicia, buscan apoyo y denuncian que pese al aumento en las penalidades, las leyes, al menos en algunos casos, han beneficiado a los supuestos responsables.
La alerta derivó de una problemática grave de violencia en la entidad, del alto número de mujeres asesinadas y desaparecidas. El mecanismo se nutre de historias de dolor y de ausencia.
Hace unos días, en un conversatorio -organizado por integrantes de la dirigencia del PRD estatal- familiares de víctimas expusieron sus casos: su miedo y coraje ante la posibilidad de que los feminicidios, homicidios, o desapariciones queden impunes. Recordaron que cada día enfrentan obstáculos, falta de apoyo y de sensibilidad de Ministerios Públicos.
Historias:
Karen y Erick fueron asesinados en su casa, el lugar que debió ser el más seguro para dejarlos. Su madre denuncia que en el homicidio de su hija no aplicaría el feminicidio y el supuesto responsable, al ser menor de edad, apenas alcanzaría una pena máxima de cinco años.
La mamá de Diego, secuestrado y asesinado advierte que el probable responsable al parecer saldrá en tres años y seis meses. Lanza un reproche al congreso y al gobierno: «pareciera que las leyes están hechas para los agresores y feminicidas».
La hermana de Cynthia Saldaña busca a su hermana desaparecida. Acusa que las autoridades no actúan. Clama ayuda; mientras la mamá de Leticia, una joven que salió a la tienda, y desapareció en Ecatepec, exige justicia para dar con la joven.
Esos casos son un ejemplo de la ineficacia de la alerta de género, de que no se ha podido erradicar la violencia, pero también del rotundo fracaso de las autoridades – de todos los niveles- para garantizar seguridad.
Los municipios no han cumplido con su tarea, y más allá de los carteles, de las campañas de prevención, de los discursos de políticos y autoridades los cargos les han quedado grandes para garantizar seguridad y justicia, para evitar que feminicidios, homicidios, secuestros y desapariciones queden impunes.
Cada caso, cada fría carpeta de investigación esconde historias de dolor, vacíos por la falta de un ser querido, pero también injusticia, y en muchos casos impunidad. Padres, esposos y hermanos, pero también hijas e hijos no son los mismos, muchos siguen esperando el regreso de su familiar, hay quienes no pierden la fe en encontrarlas, pero también quienes exigen justicia porque ya las hallaron, pero sin vida. Crecen los hogares incompletos y las ausencias.
La tarea es enorme para quienes son y serán autoridades: el siguiente gobernador, así como las y los próximos alcaldes deben dejar el discurso para ofrecer resultados, pero también las y los diputados.
La Legislatura local ha aumentado las penas a feminicidas, se irradies y homicidas, pero las historias narradas por familiares de las víctimas destrozan el mito de sanciones ejemplares y exponen casos donde la ley parece proteger a los supuestos responsables, dificultades para dar con ellos y algunas sentencias bajísimas que dejan la percepción de impunidad. «Revisen las leyes», claman varias mamás.
Salir a la calle con el riesgo de no volver, de ser encontrada muerta, o violada es una posibilidad latente en el Estado de México para todas las mujeres. La alerta de género no ha cambiado nada y los gobiernos están en deuda con la población mexiquense.

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Están listos los cinco magistrados anticorrupción, encargados de sancionar faltas graves de corrupción de servidores públicos y particulares. Son rostros conocidos, como la mayoría de quienes estarán a cargo del Sistema Anticorrupción del Estado de México.
Las y los nuevos magistrados especializados tienen experiencia en procuración y administración de justicia, en las áreas penal, administrativa, de justicia para adolescentes, y en derechos humanos, pero no en materia anticorrupción, transparencia, ni rendición de cuentas.
El reto es enorme y deberán hacer un buen trabajo para quitarse el estigma de ser cercanos al PRI y al gobierno, sobre todo Baruch Delgado y Teresita del Niño Jesús Palacios.

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La Legislatura emitió una convocatoria para elegir a la comisión de selección del comité de participación ciudadana, cargo clave en el Sistema Anticorrupción porque sus cinco integrantes serán quienes tendrán acceso a toda la información.
Si hasta ahora ha habido sospechas de algunas cuotas en espacios del nuevo sistema, en ese comité no puede haber dudas y todos los ciudadanos debemos exigir que no sea botín político, que no se integre a cercanos al gobernante en turno, ni a sus amigos, ni a los de políticos de los diferentes partidos.
El comité, es por mucho, el órgano medular y debe quedar libre de sospechas. Hay académicos, hay expertos y tiempo para buscarlos. Los cinco espacios fueron hechos para ciudadanos y ni gobernantes, ni políticos deben arrebatárselos.