La autoridad gubernamental sucumbió de nueva cuenta ante la posibilidad de hacer uso de la fuerza policíaca para reprimir la protesta social y proteger a la élite de la cual forma parte, y desde cuya posición pretende legitimar su posición y el ejercicio del poder político. La actuación de la policía estatal, bajo el mando del gobernador Eruviel Ávila, ha dado muestra del atropello a elementales derechos humanos de una minoría que padece del abuso de autoridad.

La obstinada intención por construir la autopista Toluca – Naucalpan dispuso de un operativo policíaco para repeler cualquier intento social por reclamar su derecho y evitar el paso de maquinaria en terrenos protegidos por una suspensión provisional contra la obra carretera. La construcción de la autopista sigue, mientras el monopolio de la fuerza pública fue usado por la autoridad para proteger los intereses particulares de la ambición empresarial encarnada por el Grupo Higa, del controvertido Juan Armando Hinojosa.

Como ocurre sistemáticamente en la actuación policíaca, Eruviel Ávila y los suyos, privilegiaron la protección de la élite empresarial por encima de los intereses comunitarios, pese al constante discurso gubernamental por anteponer la defensa de los grupos vulnerables. Dadas las enormes utilidades obtenidas por Juan Armando Hinojosa en el sexenio peñista, no es alejado pensar que también se convirtió en una fuente de financiamiento de la campaña eruvielista en la elección de gobernador, y que hoy sólo cobra la factura política.

En esta ocasión, se impuso la cercanía entre Grupo Higa y Eruviel para legitimar la andanada de la constructora por continuar con obras que laceran inmuebles de los pobladores, y más preocupante aún, la sustentabilidad de los terrenos por los que pretende derribar la naturaleza la próxima interconectividad carretera.

Aunado a lo reprobable que resulta la actuación autoritaria de la Policía Estatal -que parece adelantarse a los protocolos y criterios de aplicación contenidos en la Ley Atenco-, es igual de preocupante la parsimonia y lentitud con la que han reaccionado los organismos de derechos humanos oficiales, pues no han hecho una manifestación precisa o un pronunciamiento contundente sobre la violación a las garantías individuales cometidas por la autoridad.

Hay dos problemas que lastiman la credibilidad de las instituciones gubernamentales, y que se han hecho presentes en el debate público de los últimos años: corrupción e impunidad. Ambos elementos parecen aderezar la presencia policíaca en Xochicuautla para reprimir a los pobladores que se oponen a un proyecto carretero que destruirá sus viviendas y el hábitat de su entorno.

La actuación policíaca, con la rigurosidad y fuerza dispuestas, más pareciera que están en busca de uno de los principales criminales del país o destruyendo las propiedades de una peligrosa organización delictiva. Lo cierto es que sólo buscan que Grupo Higa pueda concluir la Autopista pactada desde el sexenio peñista, con ese tufo de conflicto de interés entre Hinojosa y Peña.

En tanto, los policías estatales que lastimaron el patrimonio y la integridad de las familias de Xochicuautla para imponer su propia decisión por encima de una resolución judicial, gozarán de la sistemática impunidad de las que le permite gozar el estado para atropellar a quienes se opongan a sus intereses, por muy particulares o sectarios que sean, sin importar la imposición sobre las mayorías o de una minoría altamente vulnerable.