Toluca, Edomex. 16 de diciembre de 2014.- Por increíble que parezca, el PRI no tiene a la vista un candidato a la alcaldía de Toluca. Desde hace más de dos años, quienes han despilfarrado el dinero público en su promoción personal son los diputados Fernando Zamora y Enrique Mendoza, sin embargo ninguno cuenta con el arropo de la clase política toluqueña. Y en la víspera Alberto Curi, reclutado por su mentor Emilio Chuayffet a la secretaría de Educación, fue desactivado de cualquier posibilidad proselitista.

En la acera de enfrente al Palacio Municipal, Raymundo Martínez cuenta con el arropo de Eruviel Ávila, pero en su presupuesto electoral está destinado convertirse en diputado local y de ahí despuntar como coordinador de la bancada priísta. Hay quienes impulsan a Ernesto Monroy, un cartucho ya quemado que perdió la elección de 2003. Y entonces las opciones se vuelven escasas para quien pueda competir por el priísmo la sucesión de la actual alcaldesa, Martha Hilda González Calderón.

En el panismo, aunque con fisuras internas, el terreno parece estar dispuesto para la candidatura de Juan Rodolfo Sánchez Gómez. La relación de Juan Rodolfo se encuentra afianzada con el ala de Gustavo Madero y Ricardo Anaya, dominantes en la toma de decisiones del PAN nacional. A su circunstancia se agrega su conocida cercanía con Enrique Peña, su compañero en la legislatura local. El último alcalde panista toluqueño podría ser la cuña para recuperar el otrora bastión electoral.

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Mientras el Gobierno del Estado de México parece apostarle al olvido del caso Tlatlaya por el cual recibió una severa recomendación de la CNDH por violación a los derechos humanos, ayer se reavivó la urgencia de dar respuesta a las víctimas de la masacre. La liberación de dos mujeres sobrevivientes en los hechos, son parte de las víctimas de tortura por parte de la Procuraduría de Justicia de la entidad que encabeza Alejandro Gómez Sánchez, pupilo de Alfredo Castillo, comisionado de justicia en Michoacán.

En paralelo, el costo político de la recomendación deberá ser asumido por el secretario general de gobierno, José Manzur Quiroga, quien sueña con convertirse en sucesor de Eruviel Ávila, pero cuyas omisiones resultan inaceptables, pues hasta el momento no han existido señales mínimas para el resarcimiento de daños a las víctimas del caso Tlatlaya por parte de las autoridades mexiquenses. Las actuaciones y decisiones no pueden ser una mera inercia o tareas reactivas acostumbradas.

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