Redacción

Distrito Federal. 1 de diciembre de 2014.- La senadora del PAN por el Estado de México, Laura Rojas Hernández exhortó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigar la legalidad de las contrataciones públicas realizadas por el Gobierno Federal a favor de Grupo Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa, quien además es el constructor de la llamada “Casa Blanca” de la actriz Angélica Rivera y esposa del presidente Enrique Peña, para determinar un posible conflicto de interés.

La legisladora mexiquense expuso que la SFP tiene la oportunidad y la obligación de probar que las dependencias en México, sin importar el ámbito de gobierno, tienen la fortaleza institucional para desarrollar una sólida investigación y, en su caso, sancionar cuando así proceda.

A través de un punto de acuerdo, Rojas Hernández solicitó exhortar a la SFP a rendir un informe detallado de las contrataciones que la Administración Pública Federal ha realizado del 2010 a la fecha con Grupo Higa; Constructora Teya; Inmobiliaria del Centro; Eolo; Publicidad y Artículos Creativos, S. A. de C. V., y Consorcio IGSA Medical del Perú.

En las últimas semanas, Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa se ha vuelto involucrado en el escándalo público, a partir de la cancelación de la licitación del tren México-Querétaro que había ganado junto con otras empresa tanto de China como de México; así como la construcción y venta de la “Casa blanca” de Sierra Gorda, valuada en siete millones de dólares, la cual fue construida por Inmobiliaria del Centro y adquirida por Angélica Rivera.

Hinojosa también ha sido señalado como beneficiario de contrataciones millonarias que realizó el ahora Presidente de la República cuando era gobernador del Estado de México, entre ellas la ampliación de la vialidad Las Torres, de Zinacantepec a San Mateo Atenco concesionadas a Constructora Teya por 250 millones de pesos o el hospital de alta especialidad de Zumpango, concesionada a IGSA, por 700 millones de pesos.

Rojas Hernández alertó que cuando se observa la relación entre un empresario y un servidor público o se percibe algún beneficio para alguna de las partes en virtud de la relación, se corre el riesgo de incidir en conflictos de interés, la antesala para cometer actos de corrupción.

El informe solicitado a la Secretaría de la Función Pública deberá incluir, entre otros puntos, los procedimientos de contratación llevados a cabo por entidades o dependencias de la Administración Pública Federal a través de licitaciones públicas o adjudicaciones directas, así como constancias del procedimiento, convocatorias o bases, actas de las juntas de aclaraciones, propuestas técnicas y económicas recibidas, dictámenes de evaluación de ofertas, fallo de adjudicación y el contrato suscrito.

También tendrá que considerar, en caso de que el contrato haya derivado de algún procedimiento de excepción a la licitación pública, la justificación técnico jurídico administrativa, estudios de mercado; así como especifica si se realizaron actos de fiscalización y/o control por parte de la SFP o sus órganos internos de control.

La senadora mexiquense subrayó que los mexicanos no podemos pagar las consecuencias de decisiones de dudosa ética pública, como sucedió ante la polémica cancelación de la licitación del tren México-Querétaro por la que se deberán desembolsar del erario 590 millones de pesos por gastos no recuperables.

El punto de acuerdo también fue suscrito por las senadoras María Marcela Torres Peimbert (PAN) y Dolores Padierna Luna (PRD), así como por los senadores Alejandro Encinas Rodríguez (PRD) e Isidro Pedraza Chávez (PRD).